La sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA), celebrada el miércoles 31 de julio de 2024, fue escenario de un intenso debate y de controversia, evidenciando las divisiones políticas en la región en torno a la reelección de Nicolás Maduro para un tercer período consecutivo en el Poder Ejecutivo de Venezuela. Uno de los momentos más críticos de la sesión fue la votación sobre una resolución que instaba al régimen venezolano a publicar de forma inmediata las actas de votación y detener la represión. Esta resolución, que buscaba garantizar la transparencia en el conteo de votos, no logró reunir los votos suficientes para su aprobación, en gran parte debido a las maniobras políticas de los gobiernos de Brasil y México.
Para el economista, exreo político y desterrado nicaragüense, Juan Sebastián Chamorro, el fracaso en la aprobación de la resolución es profundamente lamentable. Chamorro subrayó la decepción por la abstención de la mayoría de los países del Caribe, a excepción de Jamaica y Haití, así como de Honduras, Colombia y Brasil. Además, criticó la decisión de México y San Vicente y las Granadinas de ausentarse de la votación, calificándola como una traición al pueblo venezolano. Chamorro argumentó que la falta de apoyo a la resolución refleja una preocupante tendencia de algunos países a priorizar intereses ideológicos y económicos sobre la defensa de la democracia y los derechos humanos.
Chamorro destacó que la resolución fallida buscaba simplemente transparencia en el proceso electoral venezolano, un principio fundamental en cualquier democracia. Sin embargo, según Chamorro, los intereses económicos, especialmente los relacionados con los petrodólares provenientes de Venezuela, y la defensa ideológica de un régimen autoritario, prevalecieron sobre la justicia y la transparencia. Chamorro comparó la situación actual en Venezuela con la elección de Somoza García en Nicaragua en 1947, donde el fraude electoral fue evidente y descarado. Esta comparación resalta el ciclo de impunidad y manipulación que sigue afectando a varios países de la región.
Por otro lado, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, se pronunció con firmeza durante la sesión, anunciando su intención de solicitar a la Corte Penal Internacional (CPI) una orden de arresto contra el presidente venezolano Nicolás Maduro. Almagro acusó a Maduro de dirigir una campaña de represión violenta contra los manifestantes que protestaban contra los resultados electorales, que según el Consejo Nacional Electoral (CNE) le otorgaron la victoria con el 51.2 % de los votos. Almagro describió los actos de represión como un “baño de sangre”, en el que al menos 17 manifestantes ya perdieron la vida.
El llamado de Almagro a la CPI se basa en la investigación en curso sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela desde 2014. Para Almagro, ha llegado el momento de presentar cargos contra los responsables de estos crímenes, incluido Maduro. Este anuncio subraya la gravedad de la crisis en Venezuela y la urgencia de una respuesta internacional coordinada para abordar las violaciones de derechos humanos en el país.
Mientras tanto, el encargado del Departamento de Estado de EE.UU. para Latinoamérica, Brian Nichols, también intervino en la sesión de la OEA, presentando lo que describió como evidencia “irrefutable” de que el candidato opositor, Edmundo González Urrutia, ganó las elecciones presidenciales en Venezuela. Según Nichols, las actas de votación publicadas por la oposición demuestran que González Urrutia obtuvo millones de votos más que Maduro. Nichols enfatizó que incluso si Maduro ganara el 100% de los votos en las actas que aún no se han publicado, no podría superar la ventaja de González Urrutia.
Nichols hizo un llamado tanto a Maduro como a la comunidad internacional para que reconozcan la victoria de González Urrutia, advirtiendo que no hacerlo sería permitir un fraude masivo y un desprecio por el estado de derecho. Las declaraciones de Nichols marcan un cambio significativo en la postura de Washington, que hasta ahora había adoptado una posición más cautelosa respecto a los comicios en Venezuela. La Casa Blanca, a través de su portavoz del Consejo de Seguridad, John Kirby, ya había señalado que estaba “agotando la paciencia” ante la falta de transparencia del CNE venezolano.
La comunidad internacional ha reaccionado de diversas maneras ante la crisis electoral en Venezuela. La ONU, la Unión Europea y varios países de América Latina, incluyendo Brasil, Colombia, Chile, México, Argentina y España, han pedido al CNE que publique las actas de votación para verificar los resultados. Mientras tanto, en Venezuela, miles de personas han salido a las calles para protestar contra lo que consideran un fraude electoral, exigiendo transparencia y justicia.
La situación en Venezuela sigue siendo tensa y volátil, con una comunidad internacional dividida en su respuesta y un pueblo que clama por democracia y derechos humanos. La sesión de la OEA ha puesto de relieve no solo la gravedad de la crisis venezolana, sino también las complejas dinámicas políticas y económicas que influyen en la región. La búsqueda de una solución justa y democrática para Venezuela sigue siendo un desafío crucial para la OEA y la comunidad internacional en su conjunto.
