El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se prepara para anunciar hoy, martes 18 de junio de 2024, una acción ejecutiva significativa que podría cambiar la vida de miles de inmigrantes indocumentados casados con ciudadanos estadounidenses. Esta medida ofrecería una protección contra la deportación y permitiría a estos cónyuges trabajar legalmente en el país mientras buscan la ciudadanía.
La nueva política se aplicaría a individuos que han residido en Estados Unidos durante al menos 10 años. Utilizaría una autoridad legal existente conocida como “libertad condicional” que, además de proporcionar protección contra la deportación, les otorgaría permisos de trabajo. Esta acción ejecutiva podría ser la más amplia desde la implementación del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) durante el gobierno de Barack Obama en 2012, que protegió a los jóvenes inmigrantes indocumentados conocidos como “dreamers”.
El anuncio de Biden coincide con un evento en la Casa Blanca para conmemorar el aniversario de DACA, reforzando el compromiso del presidente con la reforma migratoria en un año electoral crítico. Según fuentes familiarizadas con los planes, la medida también incluiría una vía para que los beneficiarios de DACA obtengan visas de trabajo si cumplen ciertos criterios.
El anuncio de Biden llega en un momento en que la administración enfrenta críticas tanto de defensores de la inmigración como de sectores conservadores. A principios de junio, Biden implementó medidas restrictivas para limitar el procesamiento de asilo en la frontera sur, lo que generó controversia entre los grupos pro-inmigrantes y los legisladores progresistas.
La nueva política podría beneficiar a aproximadamente 490,000 cónyuges de ciudadanos estadounidenses, y se espera que tenga un impacto significativo en las comunidades latinas, dado que muchos de los beneficiarios provienen de países latinoamericanos. Según Gustavo Torres, presidente de CASA in Action, una organización que defiende los derechos de los inmigrantes, esta medida es un “paso en la dirección correcta” y podría influir en el comportamiento de los votantes inmigrantes y latinos en las próximas elecciones.
Los defensores de la inmigración han aplaudido la medida, destacando la dificultad que enfrentan los cónyuges de ciudadanos estadounidenses para obtener estatus legal a pesar de sus vínculos de larga data con el país. Ashley DeAzevedo, presidenta de American Families United, afirmó que este es un “momento decisivo” y que la acción de Biden refleja la necesidad de adaptarse a las realidades migratorias actuales.
Por otro lado, los críticos, principalmente republicanos, han expresado su preocupación de que esta política podría actuar como un incentivo para más inmigración ilegal. El senador John Cornyn de Texas, por ejemplo, describió la medida como un “enorme imán” que atraerá a más personas a intentar cruzar la frontera.
La nueva política también refleja la estrategia de Biden para abordar los desafíos migratorios de una manera que equilibre la seguridad fronteriza con la justicia y la equidad para los inmigrantes que ya han establecido raíces profundas en Estados Unidos. La administración ha estado revisando encuestas y datos para finalizar este plan, con la esperanza de que estas medidas no solo beneficien a los inmigrantes, sino también refuercen el apoyo entre los votantes en estados disputados.
La medida de hoy es parte de un esfuerzo mayor de la administración Biden para reformar el sistema de inmigración estadounidense. Sin embargo, como mencionó la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, se necesita una solución legislativa integral. La administración continuará buscando apoyo bipartidista para abordar los desafíos de la inmigración de manera más efectiva.
El anuncio de Joe Biden representa un paso audaz hacia la reforma migratoria en Estados Unidos. Al ofrecer protección contra la deportación y permisos de trabajo a cónyuges indocumentados de ciudadanos estadounidenses, la administración Biden no solo aborda una importante preocupación humanitaria, sino que también refuerza su compromiso con una política migratoria más justa y equitativa. La recepción de esta medida por parte del público y su impacto en las próximas elecciones serán cruciales para evaluar su éxito y viabilidad a largo plazo.
