Desde 2018, Nicaragua ha sido escenario de una crisis de derechos humanos que ha generado preocupación a nivel mundial. El régimen autoritario de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha sido señalado por la comunidad internacional por cometer violaciones sistemáticas y generalizadas de los derechos humanos contra la población civil, con motivaciones políticas que constituyen crímenes de lesa humanidad. Pese a esta situación, las Instituciones Financieras Internacionales (IFIs) han continuado con su apoyo financiero al país, una acción que ha sido objeto de crítica en el reciente informe del Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad).
El informe titulado “El apoyo financiero internacional a Nicaragua y la crisis democrática y de derechos humanos” examina la relación entre el régimen de Ortega-Murillo y las IFIs, subrayando que estas entidades no han ajustado sus estrategias a pesar de las bien documentadas violaciones de derechos humanos. A febrero de 2024, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Centroamericano de Integración Económica apoyaban 97 proyectos de desarrollo en Nicaragua, con una aprobación total de 5,082.43 millones de dólares. De estos proyectos, 57 fueron aprobados después del inicio de la crisis en 2018, sumando 2,784.43 millones de dólares.
Obligaciones de las IFIs y crímenes de lesa humanidad
Según el informe, las IFIs están vinculadas por normas de derecho internacional que les exigen prohibir y prevenir crímenes de lesa humanidad. Esto incluye no reconocer la legalidad de las situaciones creadas por estos crímenes y no ofrecer apoyo financiero que pueda perpetuar tales condiciones. Las IFIs, además, deben cooperar con los estados y organizaciones internacionales para poner fin a las violaciones de derechos humanos.
El informe de Raza e Igualdad detalla crímenes específicos cometidos por el régimen desde 2018, incluyendo 355 ejecuciones extrajudiciales, más de 2000 detenciones arbitrarias, 317 casos de despojo arbitrario de la nacionalidad y la detención de 141 personas en condiciones que implican tortura y tratos crueles e inhumanos. Estas acciones han llevado al cierre completo del espacio cívico en Nicaragua, silenciando la oposición y restringiendo severamente las libertades civiles.
Carlos Quesada, director ejecutivo de Raza e Igualdad, y Marcelo Azambuju, investigador del Programa Legal, han señalado la necesidad de que las IFIs reconozcan la gravedad de la situación en Nicaragua y ajusten sus políticas en consecuencia. Argumentan que el financiamiento continuo no solo es inmoral, sino que también es contraproducente para la estabilidad económica a largo plazo del país. Quesada ha destacado que muchos fondos se utilizan para pagar salarios de personas alineadas con la dictadura y que no existe una supervisión independiente efectiva para garantizar que los préstamos se utilicen correctamente.
Raza e Igualdad insta a las IFIs a fortalecer la transparencia y el acceso a la información pública sobre los proyectos financiados, permitiendo la auditoría ciudadana sin temor a represalias. También recomienda que se implementen políticas de debida diligencia en derechos humanos para prevenir y abordar los impactos negativos de sus operaciones. Finalmente, el informe llama a las IFIs a cooperar para poner fin a la crisis democrática y de derechos humanos en Nicaragua.
Impacto y reacciones internacionales
El informe ha generado reacciones mixtas en la comunidad internacional. Algunos gobiernos y organizaciones de derechos humanos han expresado su apoyo a las recomendaciones de Raza e Igualdad, mientras que otros han defendido la necesidad de continuar con el financiamiento para proyectos de desarrollo, argumentando que estos fondos son esenciales para la población nicaragüense.
El análisis de Raza e Igualdad pone de relieve la compleja relación entre el financiamiento internacional y la crisis de derechos humanos en Nicaragua. Aunque las IFIs no pueden practicar actividades políticas, el informe subraya que el respeto a los derechos humanos y la democracia son fundamentales para la estabilidad económica y deben ser una consideración central en la toma de decisiones. Las recomendaciones del informe buscan orientar a las IFIs hacia un enfoque más ético y responsable, que contribuya a resolver la crisis en lugar de perpetuarla.