El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos de Norteamérica (EE.UU.) ha confiscado el avión oficial del dictador venezolano Nicolás Maduro, una medida que refuerza la larga tensión entre Washington y Caracas, en medio de la crisis poselectoral causada por el cahvismo. La aeronave, valorada en aproximadamente 13 millones de dólares, fue trasladada a Florida tras su incautación en la República Dominicana, país que colaboró estrechamente con las autoridades estadounidenses en esta operación.
La incautación del avión, descrito como el equivalente venezolano del Air Force One, es un hito significativo en la lucha de EE.UU. contra las violaciones de las sanciones impuestas a Venezuela. La operación involucró a varias agencias federales, incluyendo el Departamento de Comercio, la Oficina de Industria y Seguridad, y el Departamento de Justicia. Estos esfuerzos se alinean con las investigaciones en curso sobre prácticas corruptas del gobierno venezolano y el flujo de activos ilícitos hacia el régimen de Maduro.
El funcionario del DHS que habló con CNN explicó que “incautar el avión de un jefe de Estado extranjero es un mensaje claro de que nadie está por encima de la ley”. Esta acción se suma a una serie de medidas adoptadas por el gobierno estadounidense para interrumpir el acceso del régimen venezolano a recursos económicos y materiales. En los últimos años, EE.UU. ha bloqueado numerosos activos y bienes de lujo vinculados al régimen de Maduro, que incluyen vehículos de alta gama y caballos purasangre.
El avión, que había sido fotografiado en diversas visitas de Estado de Maduro, representa un símbolo del lujo ostentoso en contraste con la crisis económica y humanitaria que enfrenta Venezuela. La situación en el país sudamericano ha llevado al desplazamiento de más de 7,7 millones de personas, el mayor éxodo en el hemisferio occidental, exacerbando la presión sobre las fronteras de países vecinos como Estados Unidos y Brasil.
La reciente medida se produce en un contexto de creciente presión internacional sobre el gobierno venezolano. EE.UU. ha criticado al régimen por su falta de transparencia en las elecciones presidenciales y ha reafirmado sanciones contra el sector petrolero y gasífero del país en respuesta a la imposibilidad de realizar elecciones justas y competitivas.
Por su parte, el gobierno venezolano ha condenado la incautación como un acto de agresión y un intento de interferir en los asuntos internos del país. La confiscación del avión añade un nuevo capítulo a la tensa relación entre Venezuela y Estados Unidos, que se ha visto marcada por un constante intercambio de sanciones y críticas a lo largo de los años.
Por otro lado, el dilema del Gobierno de Lula
La situación en Venezuela también ha tenido un impacto notable en Brasil, donde el presidente Luiz Inácio Lula da Silva enfrenta crecientes dificultades para abordar la crisis venezolana. Históricamente, Brasil ha sido un aliado cercano de Venezuela, especialmente durante los mandatos de Hugo Chávez y en los primeros años del régimen chavista de Maduro. Sin embargo, la crisis humanitaria y política en Venezuela ha puesto a prueba las relaciones y la postura de Brasil.
El presidente Lula, quien ha sido criticado por su enfoque hacia el régimen venezolano, ha intentado mediar en la crisis sin éxito significativo. Sus intentos de abrir un canal de diálogo con Maduro han fracasado, y la situación se complica aún más debido a la polarización política interna en Brasil.
Luis Roberto Barroso, presidente del Tribunal Supremo brasileño, ha intervenido en el debate al calificar la situación en Venezuela como un “desastre humanitario” más allá de las etiquetas ideológicas. Barroso ha criticado a la izquierda brasileña por su alineación con un régimen que considera en ruinas, subrayando la necesidad de una perspectiva más pragmática y menos ideológica sobre la crisis.
La creciente preocupación por la situación en Venezuela se refleja en el escenario político brasileño, donde la crisis podría influir en las elecciones municipales de octubre y en las presidenciales de 2026. La incapacidad del gobierno de Lula para abordar eficazmente la crisis venezolana sigue siendo un punto crítico en la política interna y externa del país.
