En medio de una severa crisis política y social que afecta a Nicaragua desde abril de 2018, las denuncias sobre la situación de los presos políticos en el país centroamericano han vuelto a cobrar relevancia. El Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, avalado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), informó que hasta el 30 de junio de 2024, al menos 147 opositores y críticos del gobierno de Daniel Ortega se encuentran encarcelados. Entre ellos se incluyen 24 mujeres y 123 hombres, de los cuales diez fueron detenidos antes de la crisis de 2018.

Este informe revela que durante junio de 2024 se registraron siete nuevas detenciones arbitrarias con presuntas motivaciones políticas, aunque una persona fue liberada en ese periodo. La situación de estos presos es alarmante, ya que 24 de ellos son adultos mayores que padecen enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes y párkinson, sin recibir la atención médica adecuada.

Las condiciones carcelarias siguen siendo deplorables, con denuncias de malos tratos que ponen en peligro la vida de los detenidos y afectan también a sus familiares.

Entre los presos políticos están figuras destacadas como los exdiputados indígenas miskitos Brooklyn Rivera y Nancy Elizabeth Henríquez James, el periodista Víctor Ticay, colaborador del Canal 10 de la televisión nicaragüense, el filósofo y sociólogo Freddy Quezada, la excarcelada opositora Olesia Auxiliadora Muñoz Pavón y el dirigente estudiantil Jasson Salazar.

Excarcelaciones de reos comunes

Paralelamente, el gobierno de Ortega ha procedido a la liberación masiva de presos comunes. El 15 de julio de 2024, en el marco de la celebración del 45 aniversario de la revolución sandinista, 1.500 reos comunes con sentencias firmes fueron excarcelados bajo el régimen de convivencia familiar.

Este acto se llevó a cabo en la sede del Sistema Penitenciario Nacional y otras siete cárceles del país. La ministra del Interior, María Amelia Coronel Kinloch, destacó que esta medida ofrece una “segunda oportunidad” a los beneficiados para cambiar sus vidas.

Este tipo de excarcelaciones no es nuevo en Nicaragua. En mayo pasado, también se liberaron a 1.500 presos comunes con motivo del Día de la Madre Nicaragüense. En total, 7.630 reos comunes fueron enviados a sus hogares en 2023, y 4.850 en 2022. Desde 2014, el régimen ha liberado a 38.540 prisioneros, con un promedio anual de 4.282 órdenes de libertad condicional decretadas por el Poder Ejecutivo, en manos de Daniel Ortega desde el año 2007.

Las excarcelaciones de reos comunes han suscitado críticas, especialmente de organizaciones feministas, que argumentan que estas medidas contribuyen al aumento de feminicidios y delincuencia en el país. La liberación de presos comunes suele coincidir con fechas conmemorativas importantes, como Semana Santa, el Día de la Madre, el aniversario de la revolución sandinista y Navidad.

En contraste, la situación de los presos políticos permanece sin cambios significativos, evidenciando una política de represión y control por parte del gobierno de Ortega hacia sus opositores, mientras se busca proyectar una imagen de clemencia y humanidad a través de la liberación de reos comunes. La comunidad internacional y organismos de derechos humanos continúan vigilando y denunciando las violaciones a los derechos fundamentales en Nicaragua, en un contexto donde la justicia y el respeto a la dignidad humana parecen estar en juego.