Al levantarse de la cama a las 6:00 de la mañana del 6 de noviembre, Gender Ananías Sotelo, un joven nicaragüense de 26 años exiliado en Costa Rica, mentalizaba su día en preparar su desayuno acompañado con una taza de café, alistarse para llegar a las 8:00 AM a la Universidad Escuela de Salud Pública de la Universidad de Costa Rica (UCR), y escuchar a un importante orador que se presentaría en clases.
Así fue, con la excepción que a las 7:30 AM recibiría un correo luego de cinco años de burocráticas gestiones y un día de atropello a sus derechos en la Unidad de Refugio costarricense. Ananías Sotelo percibió la resolución que le reconocía como una persona refugiada en el vecino país centroamericano.
“Fue una sensación extraña la de ese momento” –contó el joven entre suspiros a DaríoMedios Internacional- ya que, por la amalgama de emociones sentidas luego de leer la noticia recibida, no pudo volver a concentrarse en su hora de clases.
“Nunca me imaginé que iba a tener un correo de migración a las 7:30 de la mañana, entonces me levanté en el aula y durante un receso me puse a revisar el mensaje donde decía que yo había aportado todas las pruebas y todos los documentos, cumpliendo los requisitos que se establecen en el Estatuto de convenio de las personas refugiadas. Desde ese momento en adelante, no pude poner atención a la charla del invitado porque fue como un montón de cosas”, exclamó Gender.
De acuerdo al estudiante de origen nicaragüense, este año la UCR le otorgó una beca completa para cursar un intercambio académico de un semestre en la Universidad Carlos III de Madrid, España, la cual está orientada a fortalecer sus conocimientos en salud pública y las ciencias sociales, además de cursar asignaturas enfocadas en los derechos humanos y procesos migratorios.
Entre la discriminación y la burocracia migratoria
Tres semanas atrás, el 16 de octubre, el universitario se había presentado a las instalaciones de la Unidad de Refugio de Costa Rica, ubicada en la Zona Industrial de San José, para así solicitar un documento que le facilitara su viaje estudiantil a España, sin embargo, lo que obtuvo fueron amenazas y malos tratos por parte de los funcionarios de la entidad pública.
“Interpuse un recurso de amparo y luego de ciertos días de no obtener respuesta, voy a la unidad de refugio a pedir información de qué había pasado con esa solicitud de información y me dijeron que llegara la otra semana entonces, así me llevaban, cuando se cumplieron diez días hábiles voy y digo que necesito la información y lo que dijo un funcionario de migración fue que las cosas no funcionaban así”, afirmó.
Al obtener una respuesta hostil por parte de los funcionarios y observar que su derecho a la educación se estaba viendo obstruido, Sotelo advirtió que realizaría una huelga de hambre, para exigir respuesta a su proceso.
“Una oficial migratoria me amenazó diciendo que iba a llamar a la Policía de Migración por lo que yo estaba haciendo, esto con claras intenciones de intimidarme a lo que yo le respondí que solo estaba ejerciendo mi derecho a la protesta y ya cuando se dio la presión mediática, cuando comencé a grabarme y que organizaciones de derechos humanos y medios de comunicación empezaron a hacer visibles la situación fue que llegó otro funcionario para entregarme en documentos en donde me decían que me daban un oficio de pronto despacho y decir que mi caso se iba a atender con emergencia que requería”, añadió.
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Limbo migratorio violenta derechos humanos
El limbo y la falta de acceso a la información de los casos migratorios, es uno de los muchos obstáculos que las y los nicaragüenses deben de atravesar para poder obtener algún tipo de respuesta sobre su estatus en Costa Rica, las cuales se tornan hostiles en muchas ocasiones, sumado a los malos tratos, discriminación, estafas de personas ajenas a las autoridades entre otras adversidades.
Según datos estadísticos anuales de la Dirección General de Migración y Extranjería y ACNUR, hasta diciembre del 2022 en Costa Rica había 239.653 personas solicitantes de refugio y 14.105 personas refugiadas, la inmensa mayoría de estas, un 90% son de origen nicaragüenses, el otro 10% corresponde a venezolanos, colombianos y demás países de la región lo que equivale más o menos al 4.5% de la población total costarricense.
