El pasado 7 de noviembre se cumplieron dos años de los comicios presidenciales, mismos que fueron vistos como fraude para distintas organizaciones nacionales e internacionales. Sin embargo a dos años de este fraude electoral la dictadura Ortega-Murillo sigue usurpando la función pública en el territorio nacional.
Ivania Álvares, Directora de redes ciudadanas recuerda esta fecha como un acto de resistencia donde varias organizaciones se unieron para demostrar el fraude.
“Era la forma de documentar un hecho que marcaría el continuismo del totalitarismo y la consolidación de la dictadura que volvía a correr en unos comicios totalmente amañados” dijo Álvares a DaríoMedios Internacional.
Para la experta es importante recalcar que pese a que ya era previsto que la pareja dictatorial “ganara” en el fraude electoral de noviembre de 2021, era de suma importancia documentar esta farsa y demostrarle a la comunidad internacional la falta de espacios democráticos en Nicaragua.
“Todo esto lo logramos con meses de trabajo en donde se pudo probar el respaldo que tiene Ortega. Ese 82% de abstinencia que pudimos probar en las elecciones significaba una sola cosa, la gente no aprobaba y no quería que Ortega siguiera en el poder y lo demostraron quedándose en sus casas”.
Luego del fraude electoral siguen usurpando las funciones públicas
Tras el fraude electoral comprobado por Urnas Abiertas y otras organizaciones de la sociedad civil. La dictadura Ortega-Murillo continúa abusando de su poder en todo el territorio nacional.
Más de 3,500 organizaciones cerradas desde el 2018, persecución a la iglesia católica del país, la politización de los Poderes del Estado y las constantes amenazas a la libertad ciudadana que se opone a la dictadura son ejemplos del abuso de la funciones públicas por parte del régimen.
Entre las muestras de abuso de poder destaca la ola masiva de despidos de funcionarios del Poder Judicial a nivel nacional, los cuales suman aproximadamente 1,000 trabajadores destituidos de sus cargos. A los cuales les arrebataron sus teléfonos celulares, pasaportes y demás objetos personales.
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Comicios presidenciales dejaron a siete candidatos presos
Siete aspirantes a la presidencia del país por parte de la oposición fueron apresados en 2021, los cuales fueron Félix Maradiaga, Arturo Cruz, Cristiana Chamorro, Miguel Mora, Juan Sebastián Chamorro, Medardo Mairena y Noel Vidaurre.
Los ahora excarcelados políticos fueron acusados por “terroristas y golpistas”. Sin embargo ninguno de ellos contó con el debido proceso para ser acusados.
La embestida por parte de la dictadura hacia los candidatos presidenciales empezó cinco meses antes del fraude electoral y no solo concluyó con los siete candidatos apresados, sino varios arrestos domiciliares como el caso de la ex reina de belleza Berenice Quezada.