El 19 de septiembre de 2024, el Observatorio Ciudadano Urnas Abiertas presentó un informe impactante titulado El costo de la corrupción en Nicaragua, que revela cómo la corrupción se ha institucionalizado bajo el régimen autoritario de los sandinistas Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Dicho estudio, que abarcó más de 1,000 encuestas en 148 municipios del país, identifica a las alcaldías y a la Policía Nacional como las instituciones más corruptas, evidenciando un modelo económico que alimenta la desigualdad y el abuso de poder.
El informe señala que la corrupción en Nicaragua no es solo un fenómeno aislado, sino que forma parte de un sistema de “corrupción autorizada”. Este modelo permite que un grupo selecto de funcionarios y operadores del régimen abusen de su poder para beneficiarse a expensas de la ciudadanía.
En este contexto, la vigilancia continua y la represión se convierten en herramientas para mantener el control, generando un alto costo económico que, según el informe, no puede sostenerse únicamente con fondos públicos.
El estudio revela que el 58 % de los encuestados que realizaron trámites en instituciones públicas durante el primer semestre de 2024 fueron víctimas de pagos irregulares, ya sea mediante sobornos o extorsiones. Este hallazgo es alarmante, ya que indica que más de la mitad de la población interactuando con el Estado se ve forzada a participar en actividades ilegales para obtener servicios básicos.
Impacto desproporcionado en las familias de menores ingresos
Uno de los hallazgos más preocupantes del informe es el impacto desproporcionado que la corrupción tiene sobre las familias de menores ingresos. En promedio, estas familias pierden hasta un 7.5 % de sus ingresos mensuales en pagos irregulares. Este porcentaje se incrementa al 10 % en el caso de las mujeres.
En contraste, las familias con ingresos superiores a C$37,000 destinan solo un 3 % de sus ingresos a sobornos, evidenciando la naturaleza clasista de la corrupción en el país.
El informe revela que las alcaldías representan el 12 % de las instituciones involucradas en cobros irregulares, seguidas por la Policía Nacional con un 9 %. También figuran la Dirección General de Ingresos (DGI) y la Dirección General de Aduanas (DGA), con porcentajes de 4 % y 3 %, respectivamente.
Dichos datos no solo exponen la corrupción en estos organismos, sino que también sugieren que la administración pública ha fallado en su deber de servir a la ciudadanía.
Olga Valle, representante de Urnas Abiertas, destaca que el régimen de Ortega y Murillo ha creado un entorno en el que la extorsión se convierte en un mecanismo esencial para financiar su maquinaria autoritaria. La vigilancia “cuadra a cuadra” que caracteriza al régimen no solo tiene un costo elevado, sino que también limita las capacidades de las instituciones públicas para operar de manera efectiva y transparente.
El estudio indica que los departamentos con mayores montos en pagos irregulares son Rivas, Matagalpa y Masaya, donde los ciudadanos se ven obligados a realizar pagos ilegales que impactan significativamente su calidad de vida. En Rivas, por ejemplo, el monto promedio de sobornos asciende a C$51,506, lo que representa una carga financiera considerable para sus habitantes.
Consecuencias sociales y políticas
El costo de la corrupción no solo se traduce en un daño económico, sino que también profundiza la desigualdad social y política en Nicaragua. El informe documenta que el 97 % de los encuestados percibe un aumento en los pagos irregulares en comparación con el año anterior, y el 78.3 % cree que esta tendencia continuará en el futuro. Esta percepción alimenta un clima de desconfianza hacia las instituciones públicas y un ciclo de corrupción que parece perpetuarse.
Además, el estudio revela que el 35 % de las personas que enfrentaron pagos irregulares han cambiado sus hábitos, siendo la autocensura el cambio más común, seguido de la intención de migrar.
Esos cambios son síntomas de un ambiente social en crisis, donde la corrupción se ha normalizado y las familias se ven obligadas a adaptarse a la precariedad.
Ante la realidad presentada por Urnas Abiertas, Olga Valle enfatiza que las destituciones de funcionarios corruptos dentro del régimen no son una señal de un compromiso auténtico contra la corrupción, sino más bien una maniobra para controlar a aquellos que no cumplen con las expectativas del poder. Para Valle, es imperativo que se implementen medidas estructurales que aborden no solo la corrupción, sino también la desigualdad que la acompaña.
El informe concluye con un llamado a la acción, subrayando que la lucha contra la corrupción en Nicaragua requiere más que un cambio de administración/gobierno. Se necesita un esfuerzo concertado para romper con un sistema corrupto que amenaza el futuro del país y de las generaciones venideras.
El estudio de Urnas Abiertas se presenta como un documento crucial para entender la complejidad de la corrupción en Nicaragua y sus efectos devastadores en la sociedad. Los datos proporcionados no solo reflejan la realidad cotidiana de los nicaragüenses, sino que también plantean interrogantes sobre el futuro político y económico del país bajo un régimen que ha hecho de la corrupción una herramienta de control.