La madrugada de este jueves 05 de septiembre de 2024, la administración Joseph Biden y Kamala Harris anunció la liberación de 135 presos políticos en Nicaragua, un gesto significativo en medio de la prolongada represión del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Esta medida fue calificada por Estados Unidos de Norteamérica (EE.UU.) como un logro humanitario, poniendo en evidencia una vez más la situación crítica de los derechos humanos en el país centroamericano.
Un silencio ensordecedor desde Managua
A pesar de la magnitud del acontecimiento, el régimen de Ortega y Murillo ha guardado un profundo silencio sobre la liberación masiva de este nuevo grupo de prisioneros. Entre los liberados se encuentran 13 miembros de la organización Puerta de la Montaña, así como estudiantes, laicos católicos y otros opositores que el régimen autoritario sandinista consideraba una amenaza. Este silencio por parte del régimen nicaragüense no es nuevo; en febrero de 2023, tras la liberación de 222 presos políticos que fueron enviados a Estados Unidos, Ortega tampoco hizo ningún comentario público. Lo mismo ocurrió en enero de 2024, cuando el obispo de Matagalpa, monseñor Rolando José Álvarez, junto a otros 18 religiosos, fue desterrado al Vaticano.
El papel de Estados Unidos y Guatemala
La intervención de la Casa Blanca ha sido crucial en la liberación de estos 135 prisioneros. Según el asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, estas liberaciones se lograron por “razones humanitarias” y reflejan el compromiso de la Administración Biden-Harris con la defensa de los derechos fundamentales. “Nadie debería ser encarcelado por ejercer pacíficamente sus derechos fundamentales de libre expresión, asociación y práctica de su religión”, subrayó Sullivan en un comunicado oficial.
Los prisioneros liberados fueron trasladados a Guatemala, donde el presidente Bernardo Arévalo se ha comprometido a ofrecerles un lugar seguro y la posibilidad de reconstruir sus vidas. “Estados Unidos acoge con agrado el liderazgo y la generosidad del Gobierno de Guatemala por aceptar gentilmente a estos ciudadanos nicaragüenses”, afirmó Sullivan, reconociendo el papel fundamental que ha jugado el país centroamericano en esta crisis.
El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, informó que los 135 “presos políticos” de Nicaragua, liberados gracias a la intervención de EE.UU., llegaron a Guatemala “sanos y voluntariamente”. Blinken agradeció al presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo, y destacó que los liberados podrán solicitar reasentamiento en EE.UU. o en otro país.
Ya en Guatemala, los exiliados tendrán la oportunidad de solicitar asilo en Estados Unidos u otros países a través de la iniciativa de la Oficina de Movilidad Segura, impulsada por la administración Biden-Harris. Esta iniciativa se ha convertido en un pilar fundamental para gestionar las crisis humanitarias en la región, ofreciendo soluciones a quienes huyen de regímenes opresivos como el de Ortega.
Reacciones internacionales y el compromiso democrático de Guatemala
El presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo, se pronunció sobre la llegada de los nicaragüenses a su país a través de un mensaje en su cuenta oficial de X (antes Twitter). En su mensaje, Arévalo destacó la “firme convicción democrática” de Guatemala, que rechaza cualquier intento de regresión autoritaria. “Reafirmamos ese compromiso y damos de vuelta la solidaridad internacional que tantas veces hemos recibido, acogiendo a 135 hermanos nicaragüenses, presos políticos liberados”, expresó el mandatario.
Esta declaración no solo refuerza la postura de Guatemala como un país comprometido con la defensa de los derechos humanos, sino que también subraya la importancia de la cooperación regional en la gestión de crisis humanitarias. La acogida de los exiliados nicaragüenses por parte de Guatemala se suma a una serie de acciones lideradas por Arévalo, quien ha mantenido una postura firme en defensa de la democracia y los derechos humanos en la región.
El llamado a Ortega-Murillo y la respuesta internacional
Estados Unidos, en su comunicado, también hizo un llamado directo al régimen de Ortega-Murillo para que cese de inmediato las detenciones arbitrarias de sus ciudadanos. Esta demanda subraya la preocupación internacional por las continuas violaciones a los derechos humanos en Nicaragua y refleja la presión creciente sobre el régimen para que adopte reformas democráticas.
La liberación de estos 135 presos políticos marca un nuevo capítulo en la crisis nicaragüense, destacando la importancia de la diplomacia internacional y la solidaridad regional en la defensa de los derechos humanos. Sin embargo, el silencio de Ortega y Murillo sugiere que el camino hacia una solución duradera para la crisis en Nicaragua sigue siendo largo y complejo. Mientras tanto, la comunidad internacional continúa observando con atención los próximos movimientos del régimen, esperando que este gesto de liberación sea un primer paso hacia una apertura democrática en el país.