La dictadura de Daniel Ortega, que ha mantenido un férreo control en Nicaragua durante casi dos décadas, ha extendido su influencia hacia Venezuela en un movimiento que refleja la naturaleza autoritaria y manipuladora de ambos regímenes. La presidenta del Consejo Supremo Electoral (CSE) de Nicaragua, Brenda Rocha, y la magistrada Alma Nubia Baltodano han sido enviadas a Venezuela como “acompañantes electorales” para las elecciones presidenciales programadas para el 28 de julio de 2024. Esta decisión, anunciada por la vicepresidenta Rosario Murillo, no solo subraya el vínculo entre ambos gobiernos, sino que también plantea serias dudas sobre la integridad del proceso electoral en Venezuela.
Rocha y Baltodano, figuras clave en la estructura electoral nicaragüense, están vinculadas a las controvertidas elecciones de 2021 y 2022 en Nicaragua, que fueron ampliamente criticadas por la comunidad internacional por su falta de transparencia y su carácter represivo. La presencia de estas magistradas en Venezuela, junto con la confirmación de Murillo de que ya se encuentran en Caracas, refuerza la percepción de que la administración de Nicolás Maduro está buscando legitimar un proceso electoral cuestionado mediante la inclusión de aliados políticos.
El contexto de las elecciones venezolanas es sombrío. Maduro ha enfrentado críticas persistentes por su gobierno autoritario, y la oposición ha denunciado múltiples irregularidades en la preparación de los comicios. Entre las principales quejas se encuentra la negativa del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela a acreditar fiscales de la oposición, lo que limita la capacidad de los partidos opositores para vigilar el proceso y garantizar la transparencia. En este sentido, la participación de funcionarios nicaragüenses que no son críticos del régimen chavista parece ser parte de una estrategia para consolidar un resultado favorable al oficialismo.
El papel de Rocha y Baltodano como observadoras electorales no es un hecho aislado. En los últimos años, tanto Venezuela como Nicaragua han sido acusados de manipular procesos electorales para perpetuar sus regímenes autoritarios. En Venezuela, la inclusión de “acompañantes electorales” que son amigos del régimen, en lugar de observadores imparciales, ha sido una práctica recurrente. Esto se evidencia en la reciente cancelación de misiones de observadores de países como Brasil, Argentina y Colombia, que han criticado abiertamente las prácticas antidemocráticas de Maduro. La decisión de Brasil, por ejemplo, fue un reflejo directo de las tensiones diplomáticas y los comentarios críticos del presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre el manejo electoral de Maduro.
Por otro lado, la oposición nicaragüense ha expresado su apoyo al pueblo venezolano, en un acto de solidaridad que también resalta las similitudes entre las luchas por la democracia en ambos países. Líderes opositores como Juan Sebastián Chamorro y Medardo Mairena han instado a los venezolanos a participar masivamente en las elecciones, advirtiendo que el resultado del 28 de julio será crucial para determinar el futuro de su país. Estos opositores nicaragüenses, al igual que sus colegas venezolanos, han enfrentado la represión y el autoritarismo, lo que les ha llevado a solidarizarse con los esfuerzos de sus pares en Venezuela.
La llegada de Rocha y Baltodano a Venezuela ha sido recibida con críticas por parte de organizaciones internacionales y observadores. La decisión de permitir que solo aliados políticos sean acreditados como acompañantes electorales, mientras se impide la participación de observadores independientes, plantea serias dudas sobre la legitimidad de los comicios. Esta situación no solo refleja la falta de voluntad de los regímenes autoritarios para aceptar un escrutinio imparcial, sino que también cuestiona el compromiso de la comunidad internacional con la promoción de procesos electorales libres y justos.
El panorama electoral en Venezuela, al igual que en Nicaragua, está marcado por la represión y la falta de transparencia. La llegada de Rocha y Baltodano, junto con la resistencia de la oposición y las preocupaciones internacionales, subraya la necesidad urgente de reformas políticas y la vigilancia internacional para garantizar la integridad de los procesos democráticos. Mientras tanto, el pueblo venezolano se enfrenta a una encrucijada crucial, donde su capacidad para ejercer su derecho al voto libremente podría determinar el futuro de su democracia y su lucha contra el autoritarismo.
La conexión entre los regímenes de Ortega y Maduro no es simplemente una cuestión de alianzas políticas; es un reflejo de cómo el autoritarismo se perpetúa mediante la manipulación de procesos electorales y la represión de las voces disidentes. La comunidad internacional y los ciudadanos de ambos países deben seguir atentos y comprometidos en la defensa de los principios democráticos, garantizando que las luchas por la libertad y la justicia no sean en vano.
