La infame pareja presidencial nicaragüense Ortega-Murillo, en su afán de perfeccionar su método insidioso de dominación, control y chantaje, ha extendido su influencia y sus prácticas más allá de las fronteras de Nicaragua. Sin necesidad de salir de su residencia lo controlan todo, o al menos eso intentan. No satisfechos con exterminar la democracia interna y cualquier espacio cívico, ahora pretenden convertir a los organismos de integración regional en escenario para consolidar su influencia autoritaria y sus alianzas globales. La dupla sandinista ha tejido una red de chantajes, presiones y alianzas estratégicas, en la búsqueda de imponer en más espacios su modelo de brutal coerción.
Este crónico hábito, que acabó con la diplomacia y la vida política de Nicaragua, encuentra en la región un terreno fértil y hambriento para expandir su proyecto hegemónico, intentando hacer del Parlamento Centroamericano (PARLACEN) y el Sistema de Integración Centroamericana (SICA) objetivos y activos en su juego de poder y expansión. En las últimas semanas Daniel Ortega y Rosario Murillo han intensificado sus maniobras en estos órganos, dejando en evidencia que no solo buscan consolidar su régimen, sino también exportar su modelo autoritario, amenazando la estabilidad y los vestigios de democracia en todo el istmo centroamericano.
Chantajes y coacción en el PARLACEN
El PARLACEN es una institución política regional que forma parte del SICA -que emergió en 1991-; ambas entidades promueven la integración política y económica entre los países miembros, buscando servir como foro de diálogo para contribuir a la consolidación de la democracia y el respeto a los derechos humanos en el istmo. Los representantes de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana (menos Costa Rica), se reúnen para discutir y formular políticas que aborden desafíos comunes y fomenten el desarrollo sostenible de Centroamérica. En la práctica, el asunto es diferente, y por poco lo opuesto. Eventos recientes han puesto en entredicho la integridad y autonomía del PARLACEN, evidenciando los intereses de control de algunos grupos y sentando un precedente que podría socavar su misión.
El 21 de agosto de 2024, durante las elecciones para completar el mandato de las y los representantes de Panamá y República Dominicana en la Junta Directiva del organismo, surgieron graves acusaciones de manipulación, chantaje y coacción política, señalando una alarmante injerencia por parte de las administraciones de Nicaragua y El Salvador.
La presidenta saliente del PARLACEN y excandidata a la reelección, Silvia García Polanco, denunció públicamente que una coalición parlamentaria liderada por Nicaragua, con la participación activa de diputados salvadoreños, influyeron, según Polanco, de manera indebida en los resultados electorales. En una entrevista concedida a un diario nicaragüense, García Polanco afirmó que Daniel Ortega Reyes, diputado nicaragüense y emisario del dictador Daniel Ortega, fue el principal orquestador de una campaña de chantajes y amenazas dirigida a condicionar el voto de los parlamentarios, esta semana, para cerrar el mes de agosto.
“A algunos los llamaban en tonos amenazantes y con chantajes para obtener los votos”, reveló García Polanco, detallando que las presiones provenían directamente de Ortega Reyes, quien además contó con el respaldo de otros exintegrantes de la Junta Directiva del PARLACEN. La expresidenta añadió: “Lo que expresé en una carta que envié a los parlamentarios es el sentir de muchos porque sé que se aprovecharon del desconocimiento de las nuevas bancadas de Panamá y República Dominicana para manipular el proceso”.
La coalición también incluyó a diputados salvadoreños, evidenciando una alianza inusual entre Nicaragua y El Salvador para consolidar el control sobre el PARLACEN. Otras fuentes consultadas por Darío Medios Internacional señalaron que el vicepresidente salvadoreño Félix Ulloa estuvo involucrado en las maniobras políticas, colaborando estrechamente con Ortega Reyes para asegurar la elección del candidato dominicano Ramón Emilio Gori Taveras como nuevo presidente de la Junta Directiva. Es así como la táctica de coacción empleada durante estas elecciones refleja un patrón sistemático de intromisión y dominación política por parte del régimen Ortega-Murillo, ahora con el apoyo de actores salvadoreños. La diputada dominicana García Polanco destacó que esta no es la primera vez que Ortega Reyes intenta manipular los procesos internos del PARLACEN, mencionando que en las elecciones de octubre de 2023 también intentó impedir que ella asumiera el cargo de presidenta.
Además, la expresidenta advirtió sobre las consecuencias a largo plazo de permitir que este tipo de prácticas se consoliden dentro de la institución. “Cada día que transcurre sin acciones contundentes contra estas manipulaciones, el PARLACEN pierde credibilidad y se aleja de sus principios fundacionales de promover la democracia y la integración efectiva”, señaló García Polanco en una comunicación del 27 de agosto de 2024, dirigida a los parlamentarios.
La situación se agrava al considerar que a finales de octubre se llevarán a cabo nuevas elecciones para la Junta Directiva del PARLACEN, esta vez bajo el liderazgo de El Salvador. Existe preocupación de que el régimen de Nayib Bukele, conocido por sus tendencias autoritarias, pueda colaborar nuevamente con la administración nicaragüense para imponer candidatos afines y consolidar aún más su influencia en el organismo regional.
La bancada de Nicaragua en el PARLACEN está completamente dominada por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), ocupando los 20 curules disponibles con miembros leales al régimen Ortega-Murillo. Entre estos diputados se destacan figuras como Guillermo Daniel Ortega Reyes, sobrino del presidente nicaragüense y actual segundo vicepresidente del PARLACEN, y Aída Ester Blanco Talavera, quien funge como tercera secretaria del organismo. También forman parte de esta bancada personajes de peso en la política nicaragüense, como Jaime Morales Carazo, exvicepresidente de Nicaragua; el exliberal José Antonio Alvarado, quien lleva años en el organismo; y la exguerrillera Doris Tijerino, una figura histórica del sandinismo. Esta concentración de poder refleja la estrategia del FSLN de asegurar un control absoluto sobre la representación nicaragüense en el PARLACEN. De manera similar, El Salvador también cuenta con una mayoría de diputados pertenecientes al mismo partido en su representación (Nuevas Ideas), lo que evidencia un paralelismo preocupante en la forma en que ambos países han politizado sus delegaciones en este organismo regional, convirtiéndolas en extensiones de sus respectivas agendas autoritarias.
La batalla abierta por el control del SICA
El Sistema de Integración Centroamericana también atraviesa una de sus crisis más prolongadas y complejas, reflejando las tensiones políticas que sacuden la región. Desde noviembre de 2023, cuando Werner Vargas renunció abruptamente al cargo de secretario general, el SICA quedó sin liderazgo, sumido en un impasse que ya dura nueve meses. Esta situación ha sido provocada, en gran parte, por la insistencia del régimen de Daniel Ortega en imponer a un operador político de su fidelidad al frente del organismo, una maniobra que busca promover una agenda que favorece intereses extracontinentales, particularmente los de Rusia y China, según analistas y disidentes del sandinismo.
Pero el interés de Ortega en el SICA va más allá de simplemente ocupar la Secretaría General y la Presidencia Pro-Témpore. Su objetivo es usar esta plataforma para avanzar una agenda que incluya la expulsión de Taiwán como Estado observador y la incorporación de Rusia y China, potencias que el régimen nicaragüense ha tratado de acercar más a la región y a su sistema interno. La candidatura de Valdrack Jaentschke Whitaker, un veterano del sandinismo con un historial de lealtad inquebrantable a Ortega, es parte crucial de esta estrategia. “Jaentschke no es simplemente un diplomático; es un operador político diseñado para implementar la visión de Ortega en un escenario más amplio”, manifestó una fuente consultada para este artículo, quien pidió omitir su identidad por temor a represalias.
La renuncia de Werner Vargas en noviembre de 2023 marcó el comienzo de una nueva fase de incertidumbre en el SICA. Vargas, un abogado con experiencia en integración regional, había asumido el cargo tras un difícil proceso de negociación que rompió un impasse anterior de más de un año. Sin embargo, su gestión fue interrumpida de manera abrupta y, hasta la fecha, los motivos de su salida no están esclarecidos. Fuentes vinculadas al régimen indican que Vargas está bajo una especie de arresto domiciliario en Managua, sin pasaporte, y sin poder ejercer ninguna función oficial. Es decir, desapareció de la vida política y pública.
Esa renuncia dejó al SICA acéfalo, con los países miembros profundamente divididos sobre cómo proceder. Nicaragua, que por derecho de rotación geográfica tiene el control de la Secretaría General para el período 2021-2025, ha presionado para que Valdrack Jaentschke asuma el cargo. Sin embargo, la falta de consenso entre los países del istmo ha prolongado la crisis, ya que muchos se resisten a aceptar un candidato tan claramente alineado con los intereses de Ortega. La reciente reunión del 28 de agosto de 2024, que tenía como objetivo avanzar en la elección del nuevo secretario general, fue un momento clave en esta batalla. Sin embargo, para el régimen sandinista, la reunión terminó en un revés significativo, ya que no logró reunir el apoyo necesario para imponer a Jaentschke en el cargo.
Dicho encuentro fue visto como una prueba crucial para las ambiciones de Ortega. No obstante, la falta de consenso dejó al régimen sin el control que esperaba. Aunque Ortega cuenta con el apoyo de Honduras, la resistencia de otros países ha sido un obstáculo difícil de superar. La incapacidad de asegurar los votos necesarios refleja así un aislamiento creciente del régimen en el contexto regional, a pesar de sus esfuerzos por influir en las decisiones del SICA. Pero el sandinismo dice que no se puede seguir postergando la elección y propuso “realizar nuevos encuentros para alcanzar la cada vez más necesaria decisión, que no puede seguirse postergando, a menos que Centroamérica decida prescindir de este Sistema, en vez de robustecerlo”, según un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores con fecha del 28 de agosto.
En este contexto, la oposición nicaragüense ha jugado un papel activo, alertando a los gobiernos centroamericanos sobre los peligros de permitir que el SICA caiga bajo el control de un régimen autoritario. “Tener a Jaentschke en la Secretaría del SICA es tener a Rosario Murillo al mando del Sistema de Integración y hasta de las fronteras de la región”, comentó una politóloga consultada por este medio. Organizaciones opositoras han enviado cartas a los gobiernos de la región, instándolos a rechazar la candidatura de Jaentschke y a elegir un secretario general que represente los valores de libertad, democracia y derechos humanos. Estos llamados subrayan la importancia de mantener la independencia del SICA frente a las presiones de un régimen que ha mostrado su disposición a subvertir las instituciones para servir a sus propios intereses.
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Del chantaje a la represión transnacional
La prolongada ausencia de un secretario general en el SICA y el reciente revés sufrido por Ortega reflejan las tensiones políticas que están redefiniendo la integración regional. El SICA, creado para promover la paz y la cooperación en Centroamérica, enfrenta el riesgo de ser instrumentalizado por un régimen autoritario que busca consolidar su poder a nivel regional. La candidatura de Valdrack Jaentschke es solo una pieza en un juego más grande, donde las decisiones que se tomen en los próximas semanas o meses podrían tener un impacto duradero en la estabilidad y el futuro de la región, desde el SICA, el PARLACEN o cualquier otro ente bilateral.
A medida que el impasse continúa, el SICA, por ejemplo, se encuentra en una encrucijada. Las decisiones que se tomen en los próximos meses serán cruciales para determinar si el organismo puede cumplir con su misión original o si se convertirá en un instrumento más de la expansión autoritaria del régimen nicaragüense. La comunidad internacional y las naciones centroamericanas deben mantenerse vigilantes y tomar medidas para proteger la integridad del SICA, garantizando que siga siendo una fuerza para el bien en la región, en lugar de un vehículo para las ambiciones de un régimen cada vez más aislado y peligroso.
El modus operandi del régimen no se limita solo a las instituciones regionales. En una muestra alarmante de cómo pretende expandir su represión, el 29 de agosto Ortega envió una propuesta de reforma al Código Penal de Nicaragua, diseñada para judicializar políticamente a sus opositores más allá de las fronteras del país centroamericano. Esta reforma permitiría al régimen enjuiciar a disidentes, estén donde estén, y proceder a la confiscación de sus bienes, además de extender órdenes de captura internacional a través de la INTERPOL. Esta acción refleja un escalamiento en la represión, con el régimen buscando no solo silenciar a sus críticos en Nicaragua, sino también perseguirlos en el extranjero, utilizando la ley como un arma de persecución política.
Este movimiento es un claro recordatorio de que el régimen Ortega-Murillo no solo amenaza la estabilidad de Nicaragua, sino también la de toda la región centroamericana. Su capacidad para manipular instituciones estatales, civiles, locales y regionales, y su disposición a extender su represión más allá de las fronteras, subrayan urgencia por una respuesta coordinada por parte de la comunidad internacional y los gobiernos de la región. “Solo mediante una resistencia firme y coordinada se podrá contener la expansión autoritaria del régimen y proteger la integridad de las instituciones que fueron creadas para servir al pueblo centroamericano, no para ser instrumentos de una dictadura”, señaló la politóloga.
