El autócrata Daniel Ortega, al menos en las últimas tres elecciones presidenciales de Nicaragua, ha contado con un Consejo Electoral (CSE) hecho a su medida. Esto le ha permitido realizar maniobras en detrimento de los partidos políticos opositores y ejecutar fraudes electorales que lo han llevado a perpetuarse en el poder y cumplir sus propósitos políticos y de enriquecimiento financiero.
En procesos electorales, es bien conocido que utilizó medidas perjudiciales contra los partidos opositores, conformando Consejos Electorales municipales y departamentales sin pluralidad política. Esto le facilitó ejecutar sus estrategias electorales a su favor, entre ellas: no acreditar a los fiscales de partidos opositores, no permitir la presencia de estos en las JRV, y orientar a los presidentes de centros de votación a no entregar las actas del conteo de votos a los fiscales. Los jefes de centros de votación mandaron sacar por la fuerza a los fiscales de las Juntas Receptoras de Votos (JRV) al momento del escrutinio y tampoco permitieron a los testigos en los centros de cómputo nacionales y departamentales. No hubo presencia de la oposición en el recuento de votos, mientras que los representantes del FSLN, con la complicidad de partidos satélites, invirtieron para el FSLN los votos obtenidos por las organizaciones políticas opositoras.
También, fanáticos del partido rojinegro asediaron y amenazaron a los opositores. Además, los Consejos Departamentales bajo el control de Ortega pusieron en marcha el “ratón loco”, que desorientó y desestimuló la participación ciudadana. Conjuntamente, sacaron a la Policía y a las turbas sandinistas para agredir y disolver las protestas de los electores. Al final, el CSE, bajo la conducción de connotados operadores del FSLN, como Roberto Rivas, proclamaron ganador a Daniel Ortega.
Ortega utilizó en 2021 la coacción del voto y violencia política. En las elecciones presidenciales del pasado 7 de noviembre de 2021, Ortega contó con un Consejo Supremo Electoral (CSE) conformado por militantes leales al régimen y se impuso para un quinto mandato con sus principales contendientes en prisión. Incluso, envió a prisión a todas aquellas personas que criticaron su reelección y su estrategia política. Igualmente, en todo el territorio nacional se registraron en los diferentes centros de votación coacción del voto, violencia, detenciones arbitrarias, asedio focalizado e intimidaciones. Urnas Abiertas confirmó en ese entonces que el abstencionismo en las elecciones alcanzó “el 81,5 %” de los más de 4,4 millones de votantes, frente al 18,5 % que sí asistió a las urnas, es decir, unos 814.000 ciudadanos. También, en 525 centros se registraron 285 casos de violencia política, y en 155 centros de votación el FSLN colocó propaganda oficialista, entre otras incoherencias. No hubo observación electoral internacional.
Sin embargo, Daniel Ortega ganó las elecciones con el 75,87 % de los votos, de acuerdo con el conteo oficial del sandinista CSE, que estableció en 65,26 % la participación. Así, fue reelegido para su quinto mandato de cinco años y cuarto consecutivo, y segundo con su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta.
El dictador Nicolás Maduro dispone de un Consejo Nacional Electoral bajo su control político, estructura que tuvo la instrucción del chavismo de realizar un fraude electoral. Impidió la observación electoral de varias delegaciones internacionales independientes, no entregó las actas de escrutinio a los testigos de la oposición, paralizó la transmisión de las actas al Centro Nacional de Cómputos, no permitió a los fiscales de la oposición en el proceso de escrutinio de los votos y tampoco transparentó los resultados de las elecciones. Además, mantiene violencia política contra la población en general y, particularmente, contra los principales dirigentes de la oposición, encarcelando a líderes del equipo de campaña de María Corina Machado. A la vez, sacó a efectivos del ejército y paramilitares armados para intimidar a los venezolanos que salieron a votar masivamente por el cambio. Finalmente, en medio de serias irregularidades y con una minoría de votos, los miembros del chavista CNE lo proclamaron ganador de las elecciones.
Activistas opositores coinciden en que el régimen chavista pagará consecuencias “catastróficas” y bíblicas por el fraude electoral. Un activista en el exilio, en condición de anonimato, dijo a Darío Medios Internacional que lo ocurrido en Venezuela este pasado domingo 28 de julio, en las votaciones presidenciales, más que un fraude es un burdo y descarado “golpe de estado contra la voluntad popular” expresada en las urnas, encabezado por el ejército a través de una comparecencia pública del ministro de defensa Padrino López y respaldado luego por el exmilitar Diosdado Cabello, conforme al modelo totalitario iniciado en la región por Ortega y Murillo. “Veremos una radicalización de la dictadura con una feroz persecución contra los opositores, la cual ya ha sido anunciada por la Fiscalía”, explicó. Sostuvo que los regímenes autoritarios no pueden contar los votos del pueblo ya que se saben “rechazados” por su corrupción y abusos de poder que solo empobrecen a la población y la obligan al exilio. Asimismo, un líder universitario dijo que el guion “Castro comunista” de las dictaduras socialistas nepotistas y controladoras del poder se repitió este 28 de julio en las elecciones presidenciales de Venezuela.
“Los nicaragüenses sabemos y conocemos este tipo de ‘estrategia’ y se les advirtió a los venezolanos y a los hondureños. El domingo 28 de julio ocurrió, Nicolás Maduro no está preparado para dejar el poder, la toma de los poderes públicos y el poder militar lo tiene en sus manos”, declaró. Basta recordar que Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y sus cómplices son perseguidos por la justicia y “tienen precios” por sus crímenes de lesa humanidad. Sobre Diosdado Cabello pesan “acusaciones” por narcotráfico y nexos con el cartel del Sol. Maduro no iba a dejar el poder y tampoco respetar la voluntad popular, y por eso pagará consecuencias “catastróficas”, insistió.
Indicó que el mega-fraude electoral que ejecutó Maduro fue una acción contraproducente y sigue actuando de manera autoritaria. Este lunes rompió relaciones diplomáticas con el presidente José Raúl Mulino de Panamá, y este tipo de medidas podrían incrementarse en las próximas horas. “La presión interna va a ser muy importante para que los países comprendan que fue ‘quebrantada la voluntad popular’ y por eso la gente se siente defraudada”, exteriorizó. Sostuvo que hace suyas las declaraciones de la congresista estadounidense María Elvira Salazar, brindadas en una conferencia de prensa en Miami, que las consecuencias que vendrán a Maduro serán “catastróficas” y bíblicas. “El fraude de Nicolás Maduro es insostenible”, recalcó.
El régimen de Nicolás Maduro quiere fuera de Venezuela a María Corina Machado
La historiadora y desterrada política nicaragüense, Dora María Téllez, aseguró a Darío Medios Internacional que el régimen de Nicolás Maduro, acusando a la principal líder de la oposición María Corina Machado, busca “sacarla” de Venezuela. Téllez reveló que la acusación de la Fiscalía es parte de la persecución y represión contra los opositores en su afán de silenciarlos y evitar que sigan demandando el recuento de los votos de las elecciones presidenciales celebradas el domingo, en las que Nicolás Maduro fue proclamado presidente reelecto por el Consejo Nacional Electoral.
El fiscal general, Tarek William Saab, aseguró en una conferencia de prensa con periodistas que el sistema electoral sufrió este pasado 28 de julio un “ataque desde Macedonia del Norte”, cuya intención era “maniobrar los datos que se estaban recibiendo” sobre los resultados de las votaciones en los más de 15,000 centros habilitados. El fiscal William Saab responsabilizó por estos presuntos planes a la líder opositora María Corina Machado, así como al exdiputado Lester Toledo y al exalcalde Leopoldo López, ambos opositores exiliados.