El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ordenó oponerse a “cualquier préstamo” a la dictadura de Daniel Ortega en los bancos multilaterales internacionales, por facilitar la llegada de migrantes irregulares hacia ese país.
Joe Binde ordenó a los directores ejecutivos de los bancos internacionales, “que voten en contra y hagan todo lo posible para denegar cualquier préstamo u otra utilización de los fondos de la institución respectiva” del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
En la lista, el presidente norteamericano incluye a otros países que también perderán los financiamientos de las instituciones financieras multilaterales.
La orden de Biden fue enviada a Antony Blinken, Secretario de Estado de los Estados Unidos y fue ordenada en el documento llamado “Determinación presidencial con respecto a los esfuerzos de los gobiernos extranjeros en relación con la trata de personas”, al amparo de la Ley de Protección de las Víctimas de Trata del año 2000.
“Según lo dispuesto en la sección 110 (d) (1) (B) de la Ley, por la presente instruyo al director ejecutivo de los Estados Unidos de cada banco multilateral de desarrollo, según se define en la Ley, y del Fondo Monetario Internacional, para que voten en contra y hagan todo lo posible para denegar cualquier préstamo u otra utilización de los fondos de la institución respectiva”, escribió el presidente Biden en el memorándum.
De esta forma, la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, pierde más dinero y se ve ahogada económicamente porque los financiamientos internacionales que oxigenan al régimen, serán cortados y vienen a poner en más apuros al dictador.
Según la disposición de Joe Biden, la medida también se aplicará a los gobiernos de Nicaragua, Bielorrusia, Birmania, Cuba, Corea del Norte, Eritrea, Irán, Macao, China, Rusia, Sudán del Sur y Siria.
Cooperación se bloquea, pero con excepciones
La medida del mandatario norteamericano excluye los préstamos designados para la asistencia humanitaria, asistencias relacionadas con el comercio o ayudas al desarrollo que aborden directamente necesidades humanas básicas y que no estén administradas por esos regímenes.
Este veto de Estados Unidos se aplicará durante el año fiscal 2025 (que va del 1 de octubre de 2024 al 30 de septiembre de 2025) “hasta que dichos gobiernos cumplan con las normas mínimas de la Ley o realicen esfuerzos significativos para cumplir con las normas mínimas”.
Biden también establece en el memorándum que durante este año fiscal, Estados Unidos no proporcionará ayuda no humanitaria y no relacionada con el comercio al régimen de Nicaragua, ni permitirá la financiación de su participación en programas de intercambio educativo y cultural por parte de funcionarios o empleados gubernamentales.
En el año 2000, se aprobó la Ley de Protección a las Víctimas de Trata y es un estatuto federal de Estados Unidos, para ayudar en la coordinación de los esfuerzos contra la trata a nivel nacional y en el extranjero.
Esa ley debe ser reautorizada cada tres años ante la oposición, particularmente en lo que respecta al debate sobre inmigración.
Como una forma de frenar la migración irregular hacia Estados Unidos promovida por la dictadura de Daniel Ortega, la Administración Biden – Harris ha emitido sanciones contra funcionarios de la dictadura sandinista por facilitar la inmigración irregular a través de la llegada de vuelos chárteres a Managua repletos de migrantes que buscan llegar a la frontera de Estados Unidos.
