El mediodía de este miércoles 17 de julio de 2024, el Departamento de Estado de Estados Unidos de Norteamérica (EE.UU.) ha emitido un contundente comunicado “alertando” a los inversores sobre los riesgos asociados con la inversión en Nicaragua. Bajo el gobierno autoritario del presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo, Nicaragua se ha convertido en un escenario de constantes violaciones a los derechos civiles, detenciones arbitrarias, confiscaciones de propiedades y un estado de derecho prácticamente inexistente, configurando un clima de inversión sumamente impredecible y lleno de riesgos reputacionales y regulatorios.

El régimen de Ortega y Murillo, tras consolidar su cuarto mandato presidencial consecutivo en noviembre de 2021 mediante un proceso electoral ampliamente cuestionado por fraude, ha intensificado la represión política y social en el país. La situación ha llevado a la expropiación de activos y la revocación del registro legal de más de 3,600 organizaciones sin fines de lucro, que abarcan desde grupos de defensa del medio ambiente hasta universidades privadas y organizaciones benéficas vinculadas a la Iglesia Católica y la Cruz Roja. El régimen ha justificado estas acciones bajo el pretexto de combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, aunque estas medidas parecen más bien un esfuerzo por sofocar cualquier forma de disidencia y organización autónoma.

Aumento de la represión en el sector privado

La represión no se limita a las organizaciones sin fines de lucro. En 2023, el régimen aumentó su control sobre el sector privado, revocando el registro legal y expropiando los activos de 19 de las principales cámaras empresariales del país. Estas cámaras habían jugado un papel crucial en la defensa de los intereses empresariales y en la promoción de políticas comerciales. Sin estas entidades, las empresas individuales se ven obligadas a negociar directamente con el gobierno autoritario, lo que generalmente resulta en mayores costos y una posición negociadora más débil.

En 2020, la Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó una serie de leyes represivas que generaron alarma entre los inversores. La Ley de Agentes Extranjeros, por ejemplo, exige a las organizaciones y personas que informen sobre cualquier asistencia extranjera recibida, impidiendo además que quienes reciben financiación extranjera puedan postularse para cargos públicos. Otra ley preocupante es la Ley de Protección al Consumidor, que podría restringir la capacidad de las instituciones financieras para tomar decisiones independientes, especialmente en lo que respecta a entidades sancionadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos.

Además, las autoridades fiscales han sido acusadas de confiscar propiedades tras emitir facturas fiscales arbitrarias y de encarcelar a personas sin el debido proceso hasta que se negocian y pagan los impuestos. Las multas arbitrarias y las inspecciones aduaneras también perjudican a las empresas que utilizan o venden productos importados, exacerbando la ya de por sí difícil situación económica.

Relaciones internacionales y financiamiento

La comunidad internacional ha respondido al autoritarismo del régimen de Ortega y Murillo con sanciones y una reducción significativa en el financiamiento. Casi todas las instituciones financieras internacionales han dejado de otorgar nuevos préstamos a Nicaragua, y se espera que la mayor parte del financiamiento externo se reduzca aún más en 2025. A pesar de las promesas de inversión y comercio resultantes de una profundización de la asociación con la República Popular China, hasta la fecha, estas no se han traducido en préstamos significativos que alivien la crisis financiera del país.

Indicadores económicos y perspectivas

A pesar del sombrío panorama político y social, Nicaragua sigue mostrando algunos fundamentos macroeconómicos estables. El país cuenta con reservas extranjeras récord de 5,000 millones de dólares, una carga de deuda sostenible y un sector bancario bien capitalizado. Se prevé que la economía, valorada en 17,000 millones de dólares, crezca alrededor del 3.5 por ciento en 2024, mientras que la inflación disminuyó al 6 por ciento interanual en diciembre de 2023.

Sin embargo, estos datos económicos positivos no reflejan la realidad de la mayoría de los nicaragüenses. El precio de una canasta básica de bienes y servicios alcanzó un máximo histórico de 540 dólares por mes en diciembre de 2023, más del doble del salario mínimo de 240 dólares. Además, el sector formal sigue teniendo 120,000 empleos menos que en su pico de 2017, y las familias nicaragüenses ganan en promedio un 20 por ciento menos en términos reales que en ese año.

Remesas y migración

Un aspecto clave de la economía nicaragüense ha sido el aumento significativo de las remesas, impulsado por la migración masiva de nicaragüenses a Estados Unidos en 2022 y 2023. En 2023, las remesas alcanzaron un récord de 4,700 millones de dólares, representando alrededor del 30 por ciento del PIB del país. Estas remesas han impulsado el gasto de consumo local y generado importantes ingresos fiscales para el gobierno, aunque también reflejan una dependencia peligrosa de la economía en la diáspora.

A pesar de los fundamentos macroeconómicos relativamente sólidos, el clima de inversión en Nicaragua sigue siendo extremadamente volátil y riesgoso debido a la continua represión política y la falta de un estado de derecho confiable. La advertencia del Departamento de Estado de Estados Unidos subraya la necesidad de extrema cautela para los inversores considerando entrar en el mercado nicaragüense. La economía de Nicaragua podría tener un potencial significativo de crecimiento si se restableciera la confianza de los inversores a través de un fortalecimiento de las instituciones y una mejora en el estado de derecho, pero por ahora, el camino hacia una inversión segura y rentable en el país sigue siendo altamente incierto.