La vida de los presos y presas políticas corre peligro, según denunció la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU en su más reciente informe, donde también destaca el trato cruel que sufren estas personas en cárceles con condiciones inhumanas.
La Alta Comisionada Adjunta de la ONU, Nada Al-Nashif, en su actualización oral del informe sobre los derechos humanos en Nicaragua, expuso que desde la última actualización realizada en marzo de este año, la situación en este país centroamericano sigue siendo sumamente preocupante, pues el gobierno sandinista sigue ampliando restricciones indebidas a los espacios democráticos y cívicos, aumentando así su control sobre el sistema judicial e instrumentalizándolo para la represión.
“Todas las instituciones del sistema judicial se utilizan para perseguir a todos los opositores. 30 personas: 5 mujeres y 25 hombres han sido detenidos desde marzo de 2024, en el contexto de la represión en espacios cívicos. En total, 23 mujeres y 108 hombres siguen detenidos en relación a la crisis de derechos humanos, según informes de la sociedad civil”, detalló Al-Nashif.
Juicios amañados
De igual forma, hizo hincapié en que dichas detenciones arbitrarias van acompañadas de juicios que no respetan las garantías básicas del debido proceso de un juicio justo. Explicó que la Oficina del Alto Comisionado ha documentado 11 juicios virtuales que se han celebrado sin las garantías procesales adecuadas desde la última actualización.
“En este clima de represión constante, los opositores políticos detenidos, los líderes indígenas, los religiosos, académicos e intelectuales se encuentran en condiciones carcelarias inhumanas, lo cual viene a sumarse al sufrimiento de las víctimas y de sus familias. Por otro lado, ee han recibido informes de casos de detenidos en régimen de aislamiento prolongado sin acceso a la salud, medicación, productos higiénicos o visitas de sus familias”, continuó el relato de Al-Nashif.
¿Qué pasó con Brooklyn Rivera?
La funcionaria denunció que hay una falta de acceso a la salud y que quienes tienen enfermedades crónicas, por ejemplo, corren un riesgo particular de que su situación empeore y que en el caso de las mujeres detenidas se les niega el servicio de salud sexual y reproductiva. De igual manera, informó que en algunos casos el gobierno de Nicaragua se ha negado a reconocer el hecho de la detención, como es el caso del exdiputado indígena Brooklyn Rivera.
“Las prácticas de detención y situación de incomunicación y desaparición forzada constituyen graves violaciones de los derechos humanos que ponen en peligro la vida y la integridad mental y física de las personas. Este trato podría equivaler en algunas circunstancias a tortura. Nuestra oficina también está preocupada por la situación del señor Jaime Navarrete, participante de las protestas de 2018, quien sigue detenido pese a haber cumplido su sentencia en enero de 2023”, precisó la relatora.
Al final de esta exposición, en nombre de esta oficina, se instó al gobierno de Nicaragua a revisar sus leyes y políticas y a interactuar con actores nacionales y la comunidad internacional para garantizar los derechos humanos de todos los nicaragüenses.