A la dictadura familiar Ortega-Murillo no le bastó aniquilar al último bastión del libre pensamiento y de educación independiente como lo fue la confiscada Universidad Centroamericana (UCA), dado que el pasado 30 de noviembre, ordenó a sus diputados en la Asamblea Nacional, modificar la Ley de Reformas y Adicción a la Ley N°. 89, Ley de Autonomía de las Instituciones de Educación Superior.
Además, mandaron a reestructurar la Ley N°. 582, Ley General de Educación, estas dos reformas para muchos especialistas en el tema, significa la estocada final a la autonomía universitaria, la “aniquilación total” de la libertad educativa en Nicaragua.
Para entenderlo mejor, se explica de la siguiente manera: Antes, el Consejo Nacional de Universidades era un órgano colectivo conformado por Rectores de las distintas universidades públicas del país, ahora, se traslada al poder ejecutivo, es decir, que deja de ser un órgano autónomo para convertirse en parte de la Presidencia de la República, anclando todas las decisiones a la voluntad de Daniel Ortega Saavedra y su “copresidenta” (Rosario Murillo).
La diputada pro dictadura Ángela Espinoza, Presidenta de la Comisión de Educación, Deportes y Medios, dijo durante el Plenario el jueves pasado, que la reforma que ambas reformas vienen a ser históricas, porque garantizan la inclusión, calidad y acceso gratuito. Sin embargo, lo que no dijo la funcionaria orteguista es que, con estas modificaciones, el país retrocede significativamente en materia de educativa.
Lea más: REFORMA A LA LEY DE AUTONOMÍA UNIVERSITARIA “ES UN ERROR GRAVE”, CUESTIONÓ EX PRESIDENTE DEL CNU
Simplificación en el control estructural
Para Jonathan Braudy Sánchez, Investigador Adjunto del Observatorio por la Libertad Académica de Nicaragua (OLAN), la libertad académica y la autonomía universitaria eran de facto inexistentes en Nicaragua, puesto que, tanto los mecanismos formales como informales de todo el sistema educativo superior era controlado por la dictadura.
“La nueva reforma legislativa establece de jure el fin de la autonomía universitaria, además, simplifica la estructura de control, pues se eliminan formalidades y procesos que generaban burocracia interna”, asegura Sánchez.
Así mismo, afirma que el objetivo de la medida es aumentar la “eficacia” de los métodos represivos a lo interno de las universidades y el control a las autoridades internas las cuales “serían seleccionadas a dedo por el Dictador sin hacer toda una pantomima”.
“Lo anterior provoca que el círculo de confianza del dictador sea más pequeño, y se pueda castigar más rápidamente a los rebeldes. Además, recortaría gastos de elecciones de autoridades universitarias y del CNU”, añadió.
Así mismo, el investigador adjunto, señala que en el caso de una “hipotética” transición, “se debería retirar a los funcionarios corruptos o que han ejercido faltas a la libertad académica y derechos de los estudiantes, para luego proceder a una verdadera autonomía”.
“En resumen, la dictadura profundiza en institucionalizar sus métodos represivos. Hacen de la maldad, la ley”, concluyó Braudy Sánchez.
Son políticas “neoliberales”
Por su parte, el abogador y miembro del consejo político de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), Juan Diego Barberena, esto responde a una política “a rajatabla” del Fondo Monetario Internacional (FMI) implementada por Ortega, argumentando que estas han sido recomendaciones que la entidad internacional ha hecho para lograr sostener y recuperar la economía.
Lo anterior, se puede observar también en la eliminación del 4% constitucional del Poder Judicial, que según Barberena, son medidas acciones inconstitucionales y completamente “impopulares y neoliberales”, muy contrario al “socialismo” solidario que pregona la pareja gobernante.
“A eso responde esta reforma de la Ley de Autonomía Universitaria, es una eliminación del 6% porque le está dando la facultad de Ministerio de Hacienda y que además en el ámbito de la Administración Pública está subordinada jerárquicamente al Poder Ejecutivo. Claramente es un reflejo, del robo de la dictadura a los ingresos de los y las, nicaragüenses”, determinó el abogado.
Así mismo, el opositor señala que otro importante elemento a resaltar es que la dictadura no hizo una reforma concreta para la disminución o eliminación del 6%. “porque no iba a asumir el costo político, entonces no entrañó en una suerte de propuesta técnica lo enmarañó” y al contrario, camufló esa decisión con las modificaciones que ordenó realizar a su parlamento.
“Ya no hay autonomía académica, ya no hay autonomía administrativa y con esto se acaba la autonomía financiera de las universidades, en Nicaragua y sobre todo en las universidades pertenecientes al sector público y otro elemento es que ninguna de estas reformas, establece los aspectos técnicos en virtud, por lo que esto tiene un antecedente inmediato y ese antecedente inmediato es el problema” dijo el jurista a DaríoMedios.
