Continúa la barrida de alcaldes por parte de la dictadura, esta vez, el turno le tocó a Carmen Medina Obando, alcaldesa del municipio de Santa María de Pantasma, en el departamento de Jinotega.

Carmen Medina habría sido destituida por supuestos actos de corrupción, por lo que el Frente Sandinista la destituyó del cargo esta semana.

En los pasillos de la municipalidad, los trabajadores murmuran que la funcionaria orteguista fue separada del cargo en secreto el pasado viernes 1 de noviembre, por una orden avalada por Daniel Ortega y Rosario Murillo, la pareja dictatorial de Nicaragua.

“La destitución es por supuesta malversación de fondos, se dice que estaba inflando presupuestos en algunos proyectos”, dicen las fuentes consultadas por la plataforma Despacho 505.

Dictadura destituye al vicealcalde de Santa María de Pantasma

Los trabajadores de la municipalidad también señalaron que el vicealcalde y secretario político del municipio, Melvin de Jesús Zelaya también fue cesado de su cargo.

Se desconoce quiénes serán las personas que la dictadura impondrá como alcalde y vicealcalde del municipio de Jinotega.

Carmen Medina Obando y Melvin de Jesús Zelaya fueron los concejales sandinistas que en julio de 2022 se prestaron para usurpar los cargos de alcalde y vicealcalde tras el asalto a la alcaldía de Santa María de Pantasma, ordenado por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Al tomarse la alcaldía, destituyeron ilegalmente al alcalde y vicealcalde del partido Ciudadanos por la Libertad (CxL), que habían sido electos por los pobladores en los comicios municipales del 2017.

Aunque Murillo, quien ejerce un control férreo en las 153 alcaldías del país les permitió ser reelectos en las elecciones municipales de noviembre del 2022, calificadas como “farsa” por la oposición, éstos no duraron ni dos años en el cargo.

24 alcaldes destituidos en dos años en Nicaragua

Con la remoción de Carmen y Melvin, suben a 24 la cantidad de alcaldes y alcaldesas destituidas por el Frente Sandinista en lo que va de gestión, luego de ser designados en sus cargos en enero de 2023.

En estos procesos, el régimen no permite que las autoridades municipales den a conocer a la población las causas de las destituciones y tampoco han abierto causas penales contra ellos, pese a que los mismos funcionarios afines al partido Frente Sandinista confirman que son apartados por casos de corrupción municipal.