Aunque la familia aún no ha brindado ninguna información públicamente, se sabe que la hermana menor de los cantautores, Luis y Carlos Mejía Godoy, Lucy Mejía, se le negó el ingreso a Nicaragua, sumándose así a la larga listade nicaragüenses que, al momento de retornar a su país, las puertas son cerrada por la dictadura de Daniel Ortega.
El informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos de la ONU que presentaron durante el mes de marzo de este año, sobre Nicaragua indicó que entre 2021 y 2024, ha contabilizado 145 casos de personas a quienes se les ha prohibido la entrada a Nicaragua (66 mujeres, 79 hombres, entre los que se encuentran 15 niñas y niños).
Durante el año 2022 la dictadura de Ortega y Murillo negó el ingreso de los cantantes y compositores Carlos y Luis, esto como represaría por apoyar y condenar con su música las represiones y asesinatos que este régimen ha venido cometiendo desde el año 2018.
El régimen en Nicaragua ha utilizado al Ministerio del Interior para para reprimir nicaragüenses, al no permitir el retorno a su nación y posteriormente despojarlos de su nacionalidad y dejarlo apátrida.
Lista de Migración y Extranjería en Nicaragua
Funcionarios de Migración y Extranjería mantienen una lista de personas consideradas opositoras, para prohibirles el ingreso a Nicaragua, ya sea por el aeropuerto o frontera terrestre, lista que se va actualizando según indique los Ortega-Murillo.
En muchos de los casos, las autoridades migratorias han enviado correos a las aerolíneas informando que la persona que es considerada opositora, no puede arribar al país.
“Este patrón se ha acentuado durante 2022 y 2023, en particular después de la expulsión masiva de (222) personas en febrero de 2023 y ha sido utilizado tanto en contra de personas que residían en Nicaragua y habían salido del país por razones personales o laborales con la intención de regresar, como personas que residían fuera de Nicaragua, pero mantenían una relación especial con el país”, explicaron el Grupo de Expertos en Derechos Humanos de la ONU.
Según el informe presentado en la ONU, en 2021 se presentaron tres casos de prohibición de ingreso al país (dos hombres y una mujer); y en 2022 se presentaron 19 casos (7 mujeres y 12 hombres).
En 2023, el número de casos documentados aumentó más del 500 %, llegando a 110 personas (48 mujeres, 62 hombres, de los cuales 15 son niñas y niños), y las principales víctimas son periodistas sacerdotes, académicos, abogados defensores de derechos humanos, familiares de opositores y sacerdotes.
