La reciente detención de dos ciudadanos españoles, acusados por el régimen venezolano de ser espías del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) de España, ha añadido una nueva capa de tensión en las ya frágiles relaciones diplomáticas entre ambos países. Diosdado Cabello, el ministro de Interior y una de las figuras más poderosas del chavismo, anunció este sábado 14 de septiembre de 2024 el arresto de José María Basoa Valdovinos y Andrés Martínez Adasme en Puerto Ayacucho.
Según su relato, ambos individuos se encontraban en “situación irregular” tomando fotos cerca del aeropuerto y supuestamente planeaban la compra de armas y la ejecución de asesinatos. Sin embargo, estas acusaciones no han sido respaldadas con pruebas tangibles, y el Gobierno español, a través de fuentes en la Moncloa, ha negado cualquier vínculo de los detenidos con el CNI, cuestionando la veracidad de las afirmaciones de Cabello.
Durante su alocución, Cabello proporcionó detalles poco claros, entremezclando narrativas aparentemente no relacionadas. Acusó a los detenidos de estar en contacto con María Teresa Clavijo, una dirigente del partido opositor Vente Venezuela, vinculado a los “comanditos”, grupos voluntarios asociados a la líder antichavista María Corina Machado.
También señaló a otros individuos, Jorman Enrique Varillas y Jhexica Isabel Aponte Figueras, implicándolos en actos de violencia durante manifestaciones pasadas. Sin embargo, la presentación de los hechos careció de una coherencia narrativa, y en ningún momento se ofrecieron pruebas concretas que respalden las acusaciones.
Además de las afirmaciones sobre los españoles, Cabello acusó a la oposición venezolana de estar involucrada en el ingreso de armas desde Estados Unidos, mencionando la captura de 400 fusiles y pistolas. Aunque el ministro insistió en que estas armas formaban parte de una conspiración más amplia contra el gobierno de Nicolás Maduro, las pruebas nuevamente fueron escasas. El discurso enfatizó que el gobierno chavista “garantiza la paz” en el país, asegurando que no había motivo de alarma.
Este incidente ocurre en medio de un contexto de creciente fricción entre Venezuela y España. A pesar de recientes negociaciones entre ambos países, que incluyeron el exilio a Madrid del líder opositor Edmundo González tras los controvertidos resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio, las relaciones se han deteriorado.
El Congreso español aprobó mayoritariamente una propuesta no vinculante que declaraba a González como el legítimo ganador de las elecciones, algo que el gobierno de Pedro Sánchez se ha resistido a hacer, alineándose con la postura de la Unión Europea, que pide que el chavismo muestre las actas oficiales de los comicios. Maduro, por su parte, ha rechazado estas solicitudes, alegando que las elecciones fueron legítimas y supervisadas por su gobierno.
Las tensiones alcanzaron un nuevo punto álgido cuando Margarita Robles, ministra de Defensa española, calificó al régimen de Maduro como una “dictadura” en un evento público. Esto provocó que el canciller venezolano, Iván Gil, llamara a consultas a su embajadora en Madrid y convocara al embajador español en Caracas, Ramón Santos, para expresar su protesta. En una nota difundida a través de Telegram, el Ministerio de Exteriores venezolano denunció cualquier intento de “injerencia” en sus asuntos internos.
Sin embargo, hasta el momento, estas acciones se han mantenido en el plano retórico, sin que se hayan tomado medidas diplomáticas de mayor calado.
Mientras tanto, el Partido Popular (PP) en España ha aprovechado el momento para criticar al gobierno de Sánchez por su manejo de la crisis. Esteban González Pons, vicesecretario de Institucional del PP, cuestionó por qué el Gobierno español mantiene relaciones diplomáticas con Venezuela mientras ha retirado al embajador de Argentina, un país democrático. Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, ha reforzado esta crítica, argumentando que el gobierno de Sánchez ha ignorado tanto el resultado electoral en Venezuela como el mandato del Congreso español de reconocer a González como presidente electo.
En el plano internacional, el Parlamento Europeo también se prepara para debatir una resolución sobre la crisis en Venezuela. El Partido Popular Europeo, respaldado por los populares españoles, ha propuesto que todos los Estados miembros de la UE reconozcan a Edmundo González como presidente legítimo de Venezuela y soliciten una orden de arresto internacional contra Maduro por crímenes contra la humanidad. No obstante, otros grupos políticos dentro del Parlamento, como los socialdemócratas, se oponen a esta medida, argumentando que aún hay margen para una negociación con el chavismo.
Este nuevo capítulo en las tensiones entre España y Venezuela subraya la complejidad de la situación política en el país sudamericano y las dificultades que enfrenta la comunidad internacional para abordar la crisis. Mientras tanto, el destino de los dos ciudadanos españoles detenidos en Venezuela sigue siendo incierto, en un contexto en el que las acusaciones de espionaje se entremezclan con las luchas internas del poder chavista y las relaciones internacionales.
