En Nicaragua, la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo continúa desmantelando las estructuras municipales que ellos mismos establecieron tras las elecciones de 2022. En un reciente episodio de esta serie de destituciones, Eddy Enrique Gutiérrez Zavala, alcalde de Jalapa y miembro del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), ha sido removido de su cargo, detenido y trasladado a la Dirección de Auxilio Judicial, conocido como El Chipote, en Managua. Esta detención se suma a la creciente lista de alcaldes y vicealcaldes que han sido destituidos bajo acusaciones de corrupción y otros delitos, aunque las razones específicas de estas decisiones siguen sin aclararse completamente.
Un patrón de destituciones
El observatorio electoral Urnas Abiertas ha confirmado que Gutiérrez Zavala es el duodécimo alcalde destituido desde las elecciones municipales de noviembre de 2022. Este organismo ha documentado que estos funcionarios han sido acusados de una variedad de delitos, incluyendo corrupción, desvío de fondos, tráfico de influencias y lavado de dinero. Sin embargo, la organización también señala que no siempre hay claridad sobre las razones exactas detrás de cada destitución, lo que añade un velo de incertidumbre y sospecha a estas acciones.
El caso de Eddy Gutiérrez Zavala
La candidatura de Gutiérrez Zavala ya había sido controversial dentro del propio FSLN. En septiembre de 2022, su predecesor, Humberto Alejandro Pérez Largaespada, fue detenido junto a otros seguidores por oponerse a la imposición de Gutiérrez Zavala como candidato. Esta oposición interna es un reflejo de las divisiones y tensiones que existen dentro del orteguismo, donde las decisiones autoritarias de la cúpula del partido no siempre son bien recibidas por las bases.
Tras asumir la alcaldía de Jalapa, Gutiérrez Zavala se encontró en medio de una administración marcada por señalamientos de corrupción. Olga Valle, investigadora de Urnas Abiertas, explicó que la alcaldía había sido objeto de diversas auditorías por parte de la Contraloría General de la República de Nicaragua entre 2015 y 2020. Estas auditorías revelaron una serie de irregularidades, incluyendo desembolsos no justificados, préstamos que no ingresaron a las cuentas municipales y anticipos no justificados a nombre de servidores públicos. La cantidad total de pérdidas se estimó en 1.23 millones de córdobas.
Un patrón de represión y control
La destitución de Gutiérrez Zavala es parte de un patrón más amplio de purgas dentro del sistema municipal nicaragüense. Desde la juramentación de las autoridades electas en 2022, ocho alcaldes y dos vicealcaldes han sido destituidos y reemplazados por nuevas autoridades, en muchos casos violando los procedimientos establecidos en la Ley Electoral y la Ley de Municipios. Entre los alcaldes destituidos se encuentran figuras como Vilma Alicia Casanova Fuertes de Rivas, Erwin de Castilla Urbina de Juigalpa y Jaime Aráuz Centeno de El Tuma-La Dalia, entre otros.
La situación en Jalapa
La situación en Jalapa es especialmente significativa, ya que la alcaldía ha sido un foco de corrupción durante varios años. Los exalcaldes y funcionarios de la administración municipal han sido repetidamente señalados por irregularidades financieras. En 2015, una auditoría de la Contraloría reveló responsabilidades penales para tres funcionarios de la alcaldía, incluyendo al exalcalde Humberto Alejandro Pérez Largaespada.
El descontento dentro de las filas del FSLN en Jalapa culminó en septiembre de 2022, cuando más de 40 seguidores del exalcalde Largaespada tomaron la sede municipal del FSLN en protesta por la candidatura de Gutiérrez Zavala. Este evento subraya las tensiones internas y la resistencia a las imposiciones de la cúpula orteguista, evidenciando un descontento creciente dentro de las bases del partido.
La destitución de Eddy Enrique Gutiérrez Zavala es un ejemplo más del clima de incertidumbre y autoritarismo que domina la política nicaragüense bajo el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Las constantes purgas de alcaldes y otros funcionarios municipales reflejan no solo un intento de consolidar el poder, sino también la profunda corrupción y descontento que permean las estructuras del FSLN. Mientras la represión y las detenciones arbitrarias continúan, la falta de transparencia y el autoritarismo siguen siendo las principales características de la administración orteguista, dejando a la ciudadanía nicaragüense en una situación de creciente vulnerabilidad y desconfianza hacia sus líderes.
