Defensores de Derechos Humanos han expresado su solidaridad con la excarcelación de presos políticos, pues estar en libertad les garantiza que ya no recibirán torturas por parte del régimen de Ortega Murillo, dijo el abogado Braulio Abarca, defensor del Colectivo Nicaragua Nunca Más.
El experto en temas de derechos humanos, también condenó el traslado forzoso a otro país, que los prisioneros de conciencia tuvieron que aceptar para que la dictadura de Nicaragua los liberara.
Para el abogado Abarca, esto representa una nueva violación a sus derechos humanos y es catalogado como crimen de lesa humanidad conforme al estatuto de la Corte Penal Internacional conocido como el estatuto de Roma.
Abarca también exigió, la liberación de los presos políticos que aún hay en las cárceles de Nicaragua, así mismo denunció el arresto domiciliario que viven algunos ciudadanos en el país por parte de la dictadura de Ortega- Murillo.
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Dictadura no quiere disidente en Nicaragua
Por otra parte, Amnistía Internacional denuncia que la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, están utilizando todos los recursos a su disposición para continuar ejerciendo el control absoluto de todos los espacios sociales, suprimiendo cualquier voz disidente y llama a la comunidad internacional a tomar medidas. urgentes, coordinadas y efectivas para garantizar los derechos humanos en Nicaragua
El organismo expuso los diferentes abusos que el régimen ha venido cometiendo en Nicaragua, desde el cierre de organizaciones de la sociedad civil, hasta recurrir nuevamente a la táctica de intercambiar la cárcel por el exilio, en el caso de 135 personas que fueron expulsadas de Nicaragua y privadas arbitrariamente de su nacionalidad, forzándolas al desarraigo y a la interrupción de sus de sus proyectos de vida.
Entre las personas excarceladas se encuentran líderes religiosos, periodistas, activistas sociales y estudiantes universitarios, quienes las autoridades han considerado como una amenaza por el simple hecho de intentar ejercer sus derechos y libertades.
Esta acción deja en evidencia la intención permanente del gobierno de condenar y anular la disidencia y la defensa de los derechos humanos en el país. Hasta julio de 2024, el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas en Nicaragua, registraba un total de 151 personas privadas de su libertad por motivaciones políticas.
“Daniel Ortega está utilizando todos los recursos a su disposición para continuar ejerciendo el control absoluto de todos los espacios sociales, suprimiendo cualquier voz disidente y criminalizando la defensa de los derechos humanos, bajo la mirada tibia de la comunidad internacional”, dijo Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
También manifestó que “El reciente cierre masivo de organizaciones sociales, junto con la expulsión forzada de un nuevo grupo de personas consideradas disidentes, demuestra que el régimen de Ortega sigue ampliando su represión a todos los sectores de la sociedad nicaragüense y que no tiene intención alguna de abandonar su enfoque represivo”.
Ante este escenario, es importante que la comunidad internacional tome medidas urgentes, coordinadas y efectivas para garantizar los derechos humanos en Nicaragua y que su modelo represivo no continúe siendo un atractivo referente de impunidad para otros países en el continente.