La posible designación del senador Marco Rubio como Secretario de Estado durante la segunda administración de Donald Trump, su postura de línea dura sobre Nicaragua podría dar forma a la política exterior de Estados Unidos hacia la atribulada nación.

Rubio, hijo de inmigrantes cubanos, se convertiría en el primer hispano en ocupar el cargo de principal diplomático del país.

La designación de Marco Rubio como Secretario de Estado podría incidir en el TLC entre EEUU y Nicaragua, situación que pondrá en aprietos al dictador Daniel Ortega, quien busca seguir atornillado en el poder a costa de las violaciones a los derechos humanos de los nicaragüenses.

En reiteradas ocasiones, el senador del sur de Florida ha condenado enérgicamente la dictadura de Daniel Ortega y ha pedido que Estados Unidos aumente la presión para apoyar a la oposición a recuperar la democracia en el país.

En caso que Rubio sea nombrado como Secretario de Estado, podría trabajar de la mano con Carlos Trujillo, exembador de Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos (OEA), quien podría ser designado como Secretario de Estado Adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental durante el segundo mandato de Trump.

TLC entre EEUU y Nicaragua podría tener consecuencias

El opositor Félix Maradiaga, señaló recientemente que con la designación de Marco Rubio como Secretario de Estado, durante la nueva administración de Donald Trump, el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Estados Unidos y Nicaragua podría verse afectado.

Maradiaga, quien es miembro de la Fundación Libertad, sugiere a la administración Trump revisar el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Nicaragua y Estados Unidos.

“Es absurdo que un régimen que viola derechos fundamentales como la propiedad privada y los derechos laborales tenga un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos. Creemos que este tratado debe ser suspendido”, destacó Maradiaga en una entrevista con periodistas nicaragüenses.

El opositor, también criticó las acciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, señalando que los informes emitidos por estas instituciones a menudo han minimizado las violaciones de los derechos humanos cometidas por el régimen de sandinista.

Más presión internacional sobre Ortega

Desde el año 2020, la dictadura aprobó en Nicaragua una serie de leyes abusivas para perseguir a los opositores por medio de una serie de leyes abusivas que obligan a los bancos engregar información sobre las cuentas de los opositores, a quienes acusó de lavado de dinero, para condenarlos, desterrarlos y confiscarlos con el fin de silenciarlos.

“El FMI ha llegado a afirmar que Nicaragua ha tomado medidas adecuadas en materia de lavado de dinero, cuando en realidad lo que ha hecho el régimen es cerrar cuentas bancarias de organizaciones religiosas y humanitarias”, destacó.

Félix, quien intentó desafiar a Ortega en las urnas en noviembre de 2021 en Nicaragua, señaló que desde Fundación para la Libertad continuarán denunciando al régimen de Ortega ante la comunidad internacional para lograr que se considere la declaración del Frente Sandinista como una organización terrorista.

“No solo el Ejecutivo de Estados Unidos debe actuar, sino también el Congreso. Este es otro mecanismo de presión importante”, apuntó el opositor, quien fue desnacionalizado por el dictador Daniel Ortega.