El Informe de Transparencia Fiscal 2024, publicado el jueves 19 de septiembre de 2024 por el Departamento de Estado de Estados Unidos (EE.UU.), revela importantes deficiencias en la gestión fiscal de Nicaragua. Este análisis, que evalúa la transparencia y la rendición de cuentas en la administración de recursos públicos, subraya los múltiples obstáculos que enfrenta el gobierno de Daniel Ortega para garantizar una gestión pública clara y accesible.

Según el informe, el gobierno nicaragüense ha puesto a disposición del público algunos documentos financieros, como el presupuesto promulgado y el informe de fin de año. Sin embargo, las deficiencias son notables, ya que no se ha publicado la propuesta de presupuesto ejecutivo en línea dentro de un plazo razonable. Esta falta de disponibilidad y accesibilidad a la información limita la capacidad de los ciudadanos para entender y evaluar el uso que se da a los recursos públicos.

Una de las críticas más significativas del informe es la incompletitud de los documentos presupuestarios. Estos no ofrecen una visión clara y exhaustiva de los gastos e ingresos proyectados por el Estado. En un contexto donde la transparencia fiscal se fundamenta en la exhaustividad, claridad y fiabilidad de los informes, esta situación plantea serias interrogantes sobre la rendición de cuentas en Nicaragua.

La ausencia de detalles sobre la deuda de las empresas estatales es otro punto crítico mencionado; el informe indica que no se cuenta con información sobre las obligaciones de la deuda de estas entidades, lo que complica aún más la comprensión del panorama fiscal del país.

Los documentos presupuestarios, según el Departamento de Estado, no se preparan de acuerdo con los principios internacionalmente aceptados, lo que pone en tela de juicio la legitimidad de las prácticas de gestión fiscal del gobierno nicaragüense. Además, el informe destaca la falta de desglose en los gastos destinados a las oficinas ejecutivas, lo que genera dudas sobre el uso de recursos en la administración pública.

Otro aspecto alarmante señalado en el informe es la existencia de “cuentas extrapresupuestarias significativas” que no han sido reveladas públicamente por el gobierno. Estas cuentas, que se gestionan fuera del presupuesto general, representan un riesgo para la transparencia y la rendición de cuentas, ya que se desconoce su origen y uso. La falta de auditorías independientes, fundamental para garantizar la supervisión y control de los recursos públicos, se suma a esta preocupante situación. El informe menciona que la entidad fiscalizadora superior en Nicaragua no cumple con los estándares internacionales de independencia y, por ende, no ha auditado el presupuesto ejecutado por el Estado.

El contexto de este informe es crucial. De los 139 gobiernos evaluados, 68, incluyendo Nicaragua y El Salvador, no cumplieron con los requisitos mínimos de transparencia fiscal. Esta situación implica que enfrentarán mayores dificultades para recibir asistencia exterior por parte de Estados Unidos.

De estos 68 países, solo 23 mostraron avances significativos hacia el cumplimiento de los estándares, mientras que 45, entre los que se encuentran naciones como China, Afganistán y Argelia, no lograron ningún progreso, resultando en su inclusión en una “lista negra”.

El caso de El Salvador se presenta como un contraste notable. Durante el mismo período, el gobierno salvadoreño logró avances en la publicación de su proyecto de presupuesto ejecutivo y en la accesibilidad de información sobre sus obligaciones de deuda. A pesar de algunas deficiencias, su progreso en comparación con Nicaragua es evidente y pone de manifiesto la necesidad de que el país centroamericano tome medidas urgentes para mejorar su situación fiscal.

El informe concluye sugiriendo una serie de recomendaciones para el gobierno nicaragüense. Entre estas se incluye la publicación en línea de la propuesta de presupuesto ejecutivo dentro de un plazo razonable, así como la obligación de proporcionar un panorama más completo en los documentos presupuestarios.

También se insta a la eliminación de cuentas extrapresupuestarias o a que estas sean sometidas a supervisión y auditoría adecuadas, y a que la entidad fiscalizadora cumpla con estándares internacionales de independencia.

La crítica a la gestión fiscal en Nicaragua se inserta en un contexto más amplio de desafíos económicos y políticos. La falta de transparencia y rendición de cuentas no solo limita el desarrollo sostenible del país, sino que también afecta su capacidad para atraer inversión extranjera y obtener asistencia internacional. La situación actual refleja la urgente necesidad de que el régimen de Ortega implemente reformas significativas que aseguren una administración pública más transparente y responsable, que permita a los ciudadanos acceder a la información necesaria para evaluar el uso de los recursos del estado.