El Estado de Nicaragua fue llevado nuevamente a enfrentar una demanda más ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial, esta vez a solicitud de la empresa estadounidense Riverside Coffee, LLC, quien interpuso una querella en su contra y lo señala como responsable de los daños causados por paramilitares y simpatizantes sandinistas a la hacienda Santa Fe, en Jinotega.
La demanda es amparada en los estatutos del DR-CAFTA, y en ella, Riverside Coffee exige al Estado de Nicaragua casi 700 millones de dólares en reparación del perjuicio derivado de la destrucción de sus plantaciones de aguacate en 2018.
El caso se empezó a debatir desde el 1 de julio de este 2024 y concluyó el 12 de este mismo mes, pero hasta ahora se desconocen detalles de la resolución. Durante los primeros días de la audiencia, Riverside Coffee logró demostrar con evidencias y testigos que los invasores eran paramilitares afines a la dictadura de Ortega y Murillo, durante una de las audiencias un campesino que cuidada la hacienda dijo que, había sufrido torturas por parte de los invasores.
Esta es la tercera demanda que Nicaragua enfrenta en el CIADI
Nicaragua es llamada por primera vezel Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial CIADI, por millonarias demandas derivadas de confiscaciones durante en agosto del 2006.
Después que las empresas Shell Brands International AG y Shell Nicaragua SA demandaran al Estado por una supuesta confiscación de las marcas registradas de los inversionistas. Los demandantes se ampararon en el Acuerdo sobre Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre la República de Nicaragua y el Reino de los Países Bajos (TBI Países Bajos – Nicaragua 2000) para presentar la demanda ante el CIADI.
Esto después de que “un tribunal local dictara una sentencia de 489 millones de dólares contra Shell Oil en una demanda colectiva presentada por ex trabajadores bananeros, que habían alegado daños derivados de una gran cantidad de efectos sobre la salud relacionados con pesticidas para banano supuestamente suministrados por Shell Oil”, según recoge el Centro de Políticas de Inversión de la ONU.
Un año después el caso se finiquitó en el 2007, luego de una “transacción acordada por las partes y terminación del procedimiento a solicitud de los demandantes”, presenta el CIADI en su sitio web sin dar los pormenores de los acuerdos del caso.
Y Nicaragua regresa a la sala del CIADI, en diciembre de 2017, esta vez fue demandada por la Industria Oklahoma Nicaragua S.A. (ION) y otros presuntos afectados, por la revocación de una concesión para la explotación de hidrocarburos.
En este caso dicha empresa nicaragüense, la familia López-Goyne y otros, pedía 198 millones de dólares en concepto de indemnización por el daño que alegan haber sufrido como consecuencia de las acciones de Nicaragua y decidió ampararse en el Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana y Centroamérica (DR-CAFTA).
Pero en el año 2013, el plazo para realizar el programa de evaluación se venció y por ello, el gobierno de Nicaragua informó a ION que daba por terminado el contrato y en el 2016 finalmente lo canceló.
La empresa continuó realizando reclamos ante las autoridades nacionales. Y argumento la “expropiación indirecta de las inversiones que, por más de 70 millones de dólares, había realizado durante la fase de exploración del proyecto”, relata el sitio web LexLatin. Pero su reclamo no fue recibido y decidieron acudir al CIADI, aduciendo que Nicaragua había violado el DR – CAFTA, que protegía sus inversiones.
Pero en este caso el Estado de Nicaragua salió bien librado y evitó pagar una millonaria indemnización, el litigio finalizo en abril del año 2023 y las partes solo tuvieron que pagar 1,5 millones de dólares por gastos del juicio.
En el caco de la tercera demanda que puso la empresa estadounidense Riverside Coffee aún está por definirse, pero de llegar a perder el Estado nicaragüense tendría que pagar casi 700 millones de dólares.
Tanto analistas económicos como el Departamento de Estado de Estados Unidos han indicado que Nicaragua es un país sin garantías para invertir y los inversionistas que decidan tienen que ser “cautelosos” si deciden invertir en este país.
