La Defensoría del Pueblo ha lanzado una advertencia contundente sobre las graves consecuencias humanitarias derivadas del cierre de los tres puntos de cruce en la selva del Darién, una medida recientemente implementada por el gobierno panameño. Esta decisión, de reforzar la seguridad fronteriza, ha desencadenado una preocupación generalizada debido al impacto inmediato en miles de migrantes y refugiados que dependen de estas rutas para buscar seguridad y oportunidades en América del Norte.
El Darién, una región naturalmente inhóspita que marca la frontera entre Panamá y Colombia, ha sido un corredor histórico utilizado por aquellos que huyen de la violencia, la pobreza y la persecución en sus países de origen. El cierre de los puntos de cruce, ubicados estratégicamente en esta densa selva, ha forzado a los migrantes a buscar rutas alternativas más peligrosas y menos monitoreadas, exponiéndolos a mayores riesgos de explotación, violencia y pérdida de vidas.
La Defensoría del Pueblo ha destacado que esta medida no solo pone en riesgo la seguridad y el bienestar de los migrantes, sino que también dificulta los esfuerzos para proporcionar asistencia humanitaria esencial, como alimentos, atención médica y refugio adecuado. “El cierre de estos puntos de cruce aumenta la vulnerabilidad de las personas en movimiento y agrava una crisis humanitaria que ya es alarmante”, declaró el Defensor del Pueblo Julio Luis Balanta Mina en un comunicado reciente.
Respuestas políticas
En respuesta a la crisis, el gobierno panameño ha intensificado sus esfuerzos para fortalecer el control fronterizo, argumentando la necesidad de proteger la seguridad nacional y garantizar una migración ordenada. Además, Panamá ha recibido apoyo internacional significativo, inicial de seis millones de dólares, para enfrentar la crisis migratoria en la región, también respalda estas medidas mediante asistencia técnica y recursos para fortalecer la infraestructura de control fronterizo.
Estados Unidos también, cubriría los vuelos y otro tipo de asistencia a Panamá que permitan la repatriación a los migrantes. Sin embargo, las organizaciones de derechos humanos y la comunidad internacional han expresado preocupaciones sobre el impacto humanitario y la necesidad de garantizar que las medidas adoptadas respeten los derechos fundamentales de los migrantes.
Se estima que miles de migrantes se verán directamente afectados por el cierre de los puntos de cruce en el Darién, enfrentándose a mayores riesgos y obstáculos en su travesía hacia América del Norte. Esta situación ha generado llamados urgentes para que los gobiernos de la región adopten enfoques más inclusivos y humanitarios que protejan los derechos y la dignidad de todas las personas en movimiento.
La mayoría de las personas que cruzan la selva son colombianos, venezolanos, ecuatorianos y chinos. Además, la Defensoría indicó que en lo que va del año, 197.000 personas han atravesado El Darién, solo en el mes de junio se registró el paso de más de 27.500 migrantes, de los cuales 5.600 son niños.
Mientras el gobierno panameño intensifica sus medidas de control fronterizo con el apoyo de Estados Unidos, la comunidad internacional y las organizaciones de derechos humanos continúan instando a una respuesta más equitativa y humanitaria ante la crisis en el Darién, que asegure que todas las personas en movimiento reciban el apoyo y la protección necesaria en su búsqueda de una vida digna y segura.