El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha impulsado reformas legales que intensifican el control sobre las remesas enviadas a Nicaragua, una de las principales fuentes de ingresos para muchas familias en el país. Las modificaciones afectan la Ley Contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (Ley 977) y la Ley de Unidad de Análisis Financiero (Ley 976), otorgando al gobierno nuevas herramientas para monitorear y regular el flujo de dinero proveniente del extranjero.
Las reformas propuestas, que se encuentran en proceso de aprobación por la Asamblea Nacional controlada por el oficialismo, establecen que la Unidad de Análisis Financiero (UAF) tendrá la capacidad de perfilar tanto a los emisores de remesas como a los beneficiarios dentro de Nicaragua. Esto incluirá la recopilación detallada de información sobre los originadores y receptores de transferencias electrónicas y otros servicios de activos virtuales, con la justificación oficial de alinear las normativas nacionales con estándares internacionales y superar las brechas identificadas por organismos reguladores internacionales.
Entre los cambios más significativos, se encuentra la facultad de la UAF para congelar fondos de manera expedita y reportar a la Policía y a la Fiscalía a personas catalogadas como “investigadas”, además de la posibilidad de imponer sanciones administrativas y penales a los gerentes y directores de agencias de remesas que no cumplan con las nuevas exigencias de identificación de clientes y beneficiarios finales.
Aumento de la supervisión financiera
Las reformas también demandan que los grupos financieros implementen programas de prevención de riesgos que abarquen todas sus operaciones, incluyendo sucursales, subsidiarias y oficinas en el extranjero. Esto supone una supervisión extensiva y detallada que afecta tanto a los remitentes de dinero como a las empresas involucradas en el proceso de transferencia.
En cuanto a los proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV), la normativa prohíbe la relación con entidades similares en el extranjero que no estén debidamente registradas en Nicaragua y exige el cumplimiento de los requisitos impuestos por el regulador prudencial del país.
Uno de los puntos más controversiales es la imposición de sanciones para las agencias que no revelen la información solicitada sobre sus clientes, argumentando que no podrán invocar la reserva o sigilo alguno ante la UAF. Esto amplía significativamente el alcance del control estatal sobre las remesas, permitiendo al gobierno ordenar la inmovilización inmediata de fondos asociados a individuos o entidades sospechosas.
Impacto económico y social
Las remesas representan un pilar fundamental para la economía nicaragüense, contribuyendo significativamente al sustento de miles de familias. En los primeros tres meses de 2024, Nicaragua recibió más de 1,140 millones de dólares en remesas, un incremento del 11.8 % en comparación con el mismo periodo del año anterior, según datos del Banco Central de Nicaragua (BCN). Los principales países de origen de estos fondos son Estados Unidos, Costa Rica, España, Panamá y Canadá, que en conjunto representan el 97.8 % del total de remesas.
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El endurecimiento de las regulaciones sobre el flujo de remesas podría tener consecuencias significativas, tanto en términos económicos como en el ámbito de la privacidad y la autonomía financiera de los ciudadanos. Las nuevas disposiciones pueden afectar la fluidez con la que se envía y recibe dinero, generando un ambiente de desconfianza y posible evasión de los canales formales de transferencia, lo que podría llevar a un aumento en el uso de vías informales, menos seguras y no reguladas.
Repercusiones políticas y legales
El control reforzado de las remesas se enmarca dentro de una estrategia más amplia del régimen Ortega-Murillo para aumentar la vigilancia y el control sobre diversas actividades económicas en Nicaragua. Este movimiento sigue una tendencia de centralización y endurecimiento de las leyes, con implicaciones potencialmente graves para las libertades individuales y la estabilidad económica del país.
Las reformas propuestas permiten al gobierno no solo rastrear y congelar activos de manera expedita, sino también involucrar directamente a la Policía y a la Fiscalía en la investigación y sanción de las actividades financieras consideradas sospechosas. Esto representa un incremento significativo en las capacidades de intervención estatal en la vida económica privada de los ciudadanos, bajo la justificación de combatir el lavado de dinero y otras actividades ilícitas.
