Este jueves la dictadura de Ortega- Murillo envió a la Amble Nacional una reforma al Código Penal de Nicaragua (Cp) que le permitirá enjuiciar, condenar y confiscar a nicaragüenses que se encuentren fuera del país.
La iniciativa de reforma a la Ley No. 41, Código Penal, contempla imponer sanciones penales a ciudadanos que cometan los delitos de terrorismo, traición a la patria, ciberdelitos, tráfico de migrante, también los empresarios u organismos nacionales y extranjeros que sean señalados de infringir las leyes nacionales.
Dicha reforma hace una reclasificación de delitos y penas entre las que incluye un castigo de 10 a 15 años de prisión para quienes promuevan o celebren sanciones contra el régimen, sus negocios o sus funcionarios. También incluye como castigo la inhabilitación y el decomiso de “bienes o activos delictivos o bienes de valor equivalentes”, según lo establecido en la reforma al artículo 46.
La dictadura de Ortega- Murillo manda a modificar 27 artículos del Código Penal vigente, siendo el primero el No. 16 referido al “Principio de universalidad” que -según manda Ortega- deberá decir que las leyes penales nicaragüenses serán también aplicables a los nicaragüenses o extranjeros que hayan cometido delitos fuera del territorio nacional.
Algunos expertos han indicado que lo más probable es que los legisladores orteguistas aprueben estas reformas con lo han hecho con otras normas, sin objetar y con carácter de urgencia, “si no lo hacen mañana seguro la aprobarán la semana que viene”, dijo una fuente consultada y bajo el anonimato a Darío Medios Internacional.
La fuente también indicó que “esta ley es una ley castigo de los ausentes, te van enjuiciar y confiscarte en ausencia, mejor dicho, te van a robar todo y sin derecho a la defensa, dentro y fuera de Nicaragua lo que quieren es tenernos con el bozal”
la reforma al artículo 46 y 47 del Código Penal tienen como objetivo legalizar la confiscación de los bienes de las personas que están judicializadas y que tienen alguna propiedad a nombre de ellos ya sean bienes raíces, vehículos o cualquier otro tipo de bien mueble.
Por su parte el presidente de la Asamblea Nacional y fiel a Murillo, Gustavo Porras, convocó a los legisladores para el martes de la próxima semana, lo que indica que el paquete de leyes podría ser aprobado ese día.
La dictadura no quiere criticas
Entre los cambios penal que ha decidido hacer el régimen , está el incremento de la pena carcelaria a quienes incurran en lo que definen “entorpecimiento y afectación a los bienes, productos y servicios de la población” así como la incorporación de castigos -según agravante- por “conspiración, proposición, provocación e inducción” para cometer ese delito, cuya definición es tan amplia que bien podría aplicar para cualquier tipo de manifestación ciudadana y se estable un incremento de hasta 30 años de cárcel para quien “financie y patrocine para la comisión” del delito que definen como menoscabo, conocido como “traición a la patria”.
Otras fuentes consultadas por este medio y que han solicitado el anonimato, han indicado que la premura de la reforma es “porque el régimen ya debe tener las primeras de familiares o socio de los opositores o refugiados que están fuera de Nicaragua, Ortega cuando va hacer algo es porque ya sabe quiénes serán sus víctimas y no queda más que denunciar mundialmente toda esta aberración que se están cometiendo”.
Otros han expresado que, “las estas reformas son más fuerte y peligrosas que la ley de ausente de los años 80 y viola todos los derechos humanos, porque en palabras sencillas lo que pretender hacer es encarcelar, endurecer más las penas y dejarlas a las personas sin nada”.
Por otra parte, el extrabajador del poder judicial y abogado Yader Morazán posteo en su cuenta de red social X lo siguiente, “Qué casualidad”, que la dictadura de los Ortega Murillo justamente mandó a reformar tres leyes de persecución penal que han venido mal aplicando a los opositores y organizaciones de la sociedad civil, dándole alcance extensivo y extra territorial a algunos delitos orientados a la confiscación, organización y financiamiento. A ese ritmo terminaremos todos en las alertas rojas de Interpol”
En diciembre de 2020, los diputados sandinistas aprobaron la Ley 1055, para enjuiciar y condenar por el delito de traición a la patria a los opositores.
