La reciente decisión del gobierno de la presidenta Xiomara de Zelaya de anular convenios con las iglesias ha desatado una oleada de reacciones y preocupaciones en Honduras. Armando Urtecho, director ejecutivo del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), ha manifestado su desconcierto y alarma ante esta medida, señalando que las instituciones religiosas desempeñan un papel crucial en la sociedad a través de brigadas médicas y labores de evangelización.
En una declaración contundente, Urtecho expresó: “O sea que aquí va a ser más fácil que entren mareros de otros países, a que venga la gente que viene a hablar de Dios y a generar mejores condiciones. Creo que es un error de parte de la Secretaría de Gobernación.” Sus palabras reflejan una preocupación profunda por las posibles consecuencias de esta decisión, que podría abrir la puerta a influencias negativas mientras se restringe la entrada de aquellos que contribuyen positivamente a la comunidad.
Por su parte, Allan Alvarenga, director del Instituto Nacional de Migración (INM), defendió la medida argumentando que se trata de una actualización necesaria de los convenios y negó cualquier motivación política o ideológica detrás de la misma. Sin embargo, las explicaciones oficiales no han logrado calmar los ánimos, y tanto representantes de las iglesias como organizaciones de la sociedad civil han levantado sus voces en protesta.
El sector religioso y diversas organizaciones civiles advierten sobre posibles repercusiones negativas, temiendo que esta decisión sea solo el comienzo de una serie de restricciones más amplias. “Hoy son las iglesias, mañana van a ser las Organizaciones No Gubernamentales (ONG´s), después los sindicatos y las organizaciones empresariales”, alertó Urtecho, sugiriendo que el gobierno podría estar siguiendo un camino similar al del régimen nicaragüense.
Las comparaciones con Nicaragua no son casuales. El gobierno sandinista de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha sido ampliamente criticado por su embate contra la iglesia católica y la libertad religiosa, con una serie de persecuciones que han dejado múltiples víctimas desde 2018. En un ejemplo reciente, el sacerdote Rodolfo French Naar fue impedido de regresar a Nicaragua tras una misión pastoral en Estados Unidos, sumándose a una larga lista de religiosos exiliados o desplazados.
Represión religiosa en Nicaragua
Martha Patricia Molina, abogada e investigadora, confirmó que French, de 58 años y conocido por su dedicación a la comunidad miskita y su asistencia durante emergencias, no pudo abordar su vuelo de retorno a Nicaragua debido a órdenes del régimen. Este caso resalta la gravedad de la situación en Nicaragua, donde la iglesia católica enfrenta una represión sistemática que incluye la congelación de cuentas bancarias, la ilegalización de organismos, y el asedio, encarcelamiento, expulsión y destierro de clérigos, monjas, seminaristas y otros religiosos.
La Comisión de los Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional (USCIRF) ha documentado estos abusos y ha señalado que el régimen nicaragüense utiliza leyes sobre delitos cibernéticos y financieros, el registro legal de organizaciones sin fines de lucro y una ley sobre soberanía y autodeterminación para perseguir a las comunidades religiosas.
El informe de la USCIRF acusa al gobierno de reprimir a la iglesia católica y a otros grupos religiosos, arrestando, encarcelando y exiliando arbitrariamente a clérigos y laicos, y cerrando y confiscando la propiedad de organizaciones caritativas y educativas religiosas.
En este contexto, la controversia en Honduras adquiere una dimensión preocupante. La posibilidad de que el gobierno de Zelaya esté adoptando medidas similares a las del régimen sandinista ha generado inquietud entre diversos sectores de la sociedad. Las iglesias, históricamente, han jugado un papel crucial en la provisión de apoyo comunitario y en la mejora de las condiciones de vida a través de sus programas y actividades.
A pesar de los intentos del gobierno por justificar la actualización de los convenios como una medida de gestión y control, las críticas y la desconfianza persisten. Muchos claman por un diálogo más abierto y transparente sobre estas medidas, advirtiendo que el cierre de espacios para la acción de las iglesias y otras organizaciones podría tener repercusiones graves para la sociedad hondureña.
El futuro de las relaciones entre el gobierno y las instituciones religiosas en Honduras está en juego. La necesidad de encontrar un equilibrio que permita la supervisión estatal sin restringir la libertad de acción de estas organizaciones es fundamental. La situación actual subraya la importancia de un diálogo constructivo y de la implementación de políticas que garanticen el respeto a los derechos y libertades fundamentales, evitando caer en prácticas que podrían erosionar la confianza y la cohesión social.