El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, en su tercer aniversario dio a conocer el sexto informe del Observatorio Nicaragüense en donde identificó patrones continuos de tortura física y mental, así como malos tratos en contra de personas presas políticas en centros de detenciones y amenazas constantes en contra de sus familiares por denunciar y demandar mejores condiciones para los encarcelados.

“Las autoridades judiciales han agravado el sufrimiento y han arriesgado la vida, integridad y salud de las personas presas políticas, dejándoles en desamparo y no haciendo valer sus derechos más básicos.

La desprotección judicial se ha implementado como un mecanismo necesario para la concreción de la tortura y malos tratos, apartándose de su función tuitiva, obligaciones jurisdiccionales impuestas por la Constitución Política, Leyes internas de la materia y Tratos Internacionales, todo ello para cumplir con una función política de castigo a personas criticas al actual gobierno”,plasman en el informe.

Con fuentes de la Dirección de Migración y Extranjería de Costa Rica, la cantidad de solicitantes de refugio de personas con nacionalidad nicaragüenses aumentó en el año 2019 recibiendo 31,624 solicitudes de refugio, superando al año 2018. En el 2020, las solicitudes descendieron a 9,416 y ascendieron exponencialmente en el año 2021 a 52,929 solicitudes, y en los primeros meses del 2022 las solicitudes mantienen su ascenso.

Autoridades migratorias costarricenses contabilizan 121,775 solicitudes de refugio del año 2018 al año 2022.

El Poder Judicial continúa siendo instrumentalizado por el Poder Ejecutivo como un órgano de represión, criminalización y judicialización a las personas.

Este informe consolidó graves violaciones a derechos humanos, como la realización de los juicios en la Dirección de Auxilio Judicial (en su mayoría), lo que no solo los mantendría en el centro donde han sufrido torturas o malos tratos, sino que, además, les privaría de cualquier otra interacción con el mundo exterior.

Además las personas presas políticas son sacadas de su celda y llevadas a una sala que destinaron para las audiencias, sin conocimiento previo y sin que estuviera permitido por la ley.

Los juicios fueron extensos, de duración de hasta 12 horas, extenuándoles física y mentalmente, profundizando algunas complicaciones de salud.

Los jueces/zas han sido seleccionados por su obediencia hacia el partido de Gobierno, no solo han garantizado la falta de un debido proceso, sino que, además, han permitido el deterioro en la salud de las personas presas políticas, tanto jueces/zas de audiencia y juicio por no establecer medidas alternas a la prisión preventiva en casos que por su salud lo ameritaran.

También los Recursos de Exhibición Personal por detención ilegal han resultado ineficaces para prevenir la violación de estos derechos, al ser rechazados y permitirse las detenciones ilegales y las condiciones inhumanas.

Otra denuncia que recoge este informe es que el derecho penal ha sido utilizado como una herramienta de castigo dirigido a acallar de cualquier manera a voces opositoras y críticas al gobierno oponiéndose directamente a normas y estándares internacionales en materia de derechos humanos que establecen
que el derecho penal debe ser utilizado como último recurso para castigar una conducta.