Durante la sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA, a solicitud de los países Paraguay junto a las representaciones de Argentina, Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, República Dominicana, Panamá, Perú y Uruguay.
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la situación en Venezuela, presento un informe donde recopila los sistemáticos crímenes cometidos por el régimen de Maduro en contra de los opositores, incluidos los casos que constatan el uso arbitrario de la fuerza por parte de los entes represivos de la dictadura.
“La CIDH ha recibido un patrón de violaciones a la libertad personal. Al menos 1.600 personas detenidas, 138 adolescentes. Hubo privación de libertad de forma selectiva”, dijo la abogada Roberta Clarke, presidenta de la CIDH.
La CIDH también resaltó las violaciones del CNE a las leyes electorales al no publicar en detalle el resultado de las presidenciales del 28 de julio, destacando los informes del Centro Carter y del panel de expertos de la ONU sobre irregularidades electorales.
Patrones de persecución por parte del régimen de Maduro
Clarke también, hizo referencia detenciones arbitrarias se perpetraron de forma selectiva a través de la denominada «operación tun-tun», dirigida a encarcelar a activistas, dirigentes políticos, periodistas y defensores de derechos humanos, quienes son buscados en sus casas.
“se ha recibido la escalada de represión y ataques sistemáticos”, agregando que “también se han cancelado los pasaportes y se ha intensificado la represión en la esfera digital para intimidar a opositores” e indicó que han registrado al menos “36 tienen anulados los pasaportes”.
«Vemos el uso arbitrario de la fuerza, que ha causado pérdidas de vidas humanas y heridos; detenciones arbitrarias y desapariciones forzosas; persecución judicial y hostigamiento contra personas percibidas como opositores o voluntarios electorales; y censura, restricciones a las libertades de expresión, asociación y reunión, obstáculos a la labor de defensores de DDHH», denunció la presidenta de la CIDH.
La comisionada reportó que en el periodo post-electoral registraron 23 muertes en el marco de las protestas contra el fraude de Nicolás Maduro.
«10 de las muertes son atribuibles a fuerzas del Estado, 6 de las muertes eran atribuibles a los colectivos, que actúan con el consentimiento, tolerancia o aquiescencia del Estado», detalló.
El resiente informe no se aísla del más reciente en donde destaca que la mayoría de personas muertas habían sido a consecuencias de armas de fuego donde algunos fueron tiros por la espalda o en la cabeza
“Entre el 28 y el 30 de julio, se registraron denuncias de abuso de la fuerza pública contra las manifestaciones. La violencia resultó en la muerte de al menos 23 personas. Información preliminar señala que las víctimas eran hombres de entre 15 y 56 años y la mayoría provenientes de zonas populares del país. Asimismo, todas habrían muerto como consecuencia de disparos de arma de fuego, algunos en la espalda o en la cabeza”, afirma el informe bajo el título Uso Arbitrario de la Fuerza.