La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llevó a cabo una visita de trabajo en Costa Rica del 19 al 21 de mayo de 2024, con el objetivo de evaluar la situación de las y los indígenas y afrodescendientes de la Costa Caribe de Nicaragua que se han visto obligados a huir hacia Costa Rica debido al aumento de la represión y violencia en sus territorios.

Liderada por el comisionado Arif Bulkan, relator para Nicaragua y los derechos de los pueblos indígenas, la delegación del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI) recibió información detallada sobre las circunstancias de violencia extrema y desplazamiento forzado que enfrentan estas comunidades. La CIDH destacó que desde 2018, en un contexto de marginación histórica, exclusión y violencia exacerbada, las agresiones han incluido asesinatos, secuestros, amenazas, violencia sexual y ataques armados por colonos con la intención de despojar a las comunidades de sus tierras ancestrales. Además, se han impuesto gobiernos paralelos a las autoridades tradicionales y se han otorgado concesiones a empresas privadas que explotan los recursos naturales de la región.

Durante la visita, la delegación de la CIDH sostuvo reuniones con autoridades costarricenses del Ministerio de Relaciones Exteriores, el Viceministerio de Paz, el Comisionado Presidencial de Inclusión Social, la Dirección General de Migración y Extranjería y el Ministerio de Seguridad Pública. Asimismo, se trasladaron a los barrios de Alajuelita y La Carpio, en San José, donde se encuentran muchos de los refugiados nicaragüenses. En estos lugares, la CIDH se reunió con personas en situación de movilidad humana y con organizaciones de la sociedad civil nicaragüense.

Una de las voces que destacaron en estos encuentros fue la de Susana Marley Cunningham, conocida como “Mamá Grande”, una mujer miskita y afrodescendiente de 65 años, quien se refugió en Costa Rica en 2021. Desde su residencia en La Carpio, donde vive con sus hijos, “Mamá Grande” expuso las dificultades que enfrentan los refugiados, incluyendo la falta de acceso a seguros médicos y la barrera del idioma que dificulta que las mujeres miskitas encuentren empleo. Cunningham describió la situación como una condición de “resistencia” en Costa Rica, subrayando la falta de apoyo organizacional y las penurias enfrentadas, incluso en situaciones tan básicas como los procedimientos funerarios para los fallecidos.

La CIDH valoró los esfuerzos del Estado costarricense para acoger a los nicaragüenses desplazados y destacó la implementación de programas destinados a prevenir la discriminación y la xenofobia. No obstante, la Comisión también señaló la necesidad de asegurar los derechos humanos de estos refugiados, incluyendo el derecho a solicitar refugio, la no devolución, la no discriminación y el acceso a la justicia. La CIDH enfatizó la importancia de garantizar derechos económicos, sociales y culturales desde el momento en que los individuos solicitan protección internacional, y subrayó que la falta de documentos de identidad no debe impedir el ejercicio pleno de estos derechos.

La Comisión hizo un llamado a los Estados para adoptar una respuesta regional que aborde de manera integral los factores que generan la migración forzada de los nicaragüenses y que respondan a sus necesidades de protección. Este enfoque debe incluir un acceso eficiente a los procedimientos de solicitud de refugio y la implementación de la protección complementaria. Además, la CIDH instó a la comunidad internacional a apoyar a Costa Rica en la implementación efectiva de los principios de solidaridad y protección internacional.

La información recopilada durante esta visita será incluida en un informe temático que la CIDH está preparando sobre la situación de violencia contra pueblos indígenas y afrodescendientes de la Costa Caribe de Nicaragua. Este informe será fundamental para visibilizar las violaciones a los derechos humanos y promover acciones que mejoren las condiciones de vida de estas comunidades.

La CIDH, órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), tiene el mandato de promover y proteger los derechos humanos en el continente americano. Está integrada por siete miembros independientes elegidos por la Asamblea General de la OEA, quienes actúan a título personal y no representan a sus países de origen.