La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), señaló en su informe “Cierre del Espacio Cívico en Nicaragua” que el bloqueo total del ámbito ciudadano en la nación mediante la cancelación de la personería jurídica y la disolución forzada de miles de organizaciones de la sociedad civil, es parte de “una estrategia estatal represiva que suspende de facto derechos y libertades fundamentales”.
Este refleja que la estrategia represiva tendría como fin consolidar un régimen de “concentración del poder en el Ejecutivo, basado en la interposición de un estado policial, el mismo que ha venido siendo denunciado reiteradamente por la CIDH”.
Por lo anterior, el organismo internacional defensor de los derechos humanos consideró que en Nicaragua no existen condiciones “para que la sociedad civil participe de la vida social y política libremente”, denunciando enérgicamente la política persecutoria contra los opositores al régimen.
CIDH: Subordinación de los poderes del Estado
El Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI), documentó al menos 3390 organismos no gubernamentales y de la sociedad civil canceladas por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, esto de un total de 7227 ONG registradas entre el período del 18 de abril y el 31 de agosto de 2023.
De acuerdo con la CIDHDel total de organismos aniquilados por la dictadura sandinista de la familia Ortega-Murillo, el 32% trabajaban temas de desarrollo, otro 16% de estas eran gremiales, 11% religiosas y 10% defensoras de derechos humanos.
También, la CIDH identificó peculiares patrones de criminalización tales como: Privación arbitraria de la nacionalidad, prohibición de protestas y manifestaciones sociales, al igual que el acoso y asedio selectivo de toda persona que tenga una opinión distinta al régimen o cuestiones sus políticas en cualquier ámbito de participación cívica y social, religioso.
En su entrega, la entidad internacional detalló que todos los patrones que han preparado el terreno parta el cierre absoluto de los espacios cívicos “han sido posibles debido a la subordinación de todos los poderes públicos al Ejecutivo”, donde no existen los “límites y contrapesos al ejercicio del poder”.
Lea más: PERSECUCIÓN CONTRA LA IGLESIA CATÓLICA NO DA TREGUA EN NICARAGUA PESE A AUTOCENSURA DEL CLERO
Poder Judicial torna ilusorio e ineficaz el recurso judicial
“La falta de independencia del Poder Judicial ha tornado ilusorios e ineficaces los recursos judiciales disponibles para combatir actos de autoridad que, en la implementación de estas leyes y medidas administrativas, vulneran los derechos humanos de la sociedad civil”, advierte el informe de la CIDH.
La brutal represión desatada por el régimen de la familia Ortega-Murillo y su cúpula partidaria del Frente Sandinista ha ocasionado terribles consecuencias para el país, desde el estancamiento en la economía, la fuga de capital humano, la privación de libertades públicas, percepción de inseguridad ciudadana, la prohibición de la libertad de culto entre otras.
Además, politólogos, economistas y sociólogos, han señalado que el cierre de organismos no gubernamentales que se encargaban de trabajar con las comunidades más desfavorecidas han empeorado drásticamente la vulnerabilidad de la sociedad nicaragüense, sumado a la perdida de cientos de empleos y cierre de programas sociales producto de la oleada represiva.
