En un contexto donde las agencias calificadoras prevén un desempeño moderado para la banca latinoamericana durante 2024, los bancos nicaragüenses han mostrado resiliencia, alcanzando utilidades conjuntas de 100 millones de dólares en el primer semestre del año. Este resultado es superior a los 92 millones registrados en el mismo periodo del año anterior, destacando el contraste con las sombrías expectativas regionales. Sin embargo, no todas las instituciones han experimentado un crecimiento homogéneo; tres bancos registraron un desempeño inferior, lo que fue compensado por el dinamismo de los cinco restantes, especialmente los tres más grandes del sistema.
El sistema bancario de Nicaragua está compuesto por ocho instituciones: siete bancos privados y uno estatal. Entre ellos, destacan el hondureño Atlántida, que inició operaciones en plena crisis sociopolítica en 2019; Avanz, propiedad del Grupo Pellas desde 2018; el Banco de Finanzas (BDF), uno de los más pequeños del sistema; el también hondureño Ficohsa; el Banco de América Central (BAC Nicaragua); el Banco de la Producción (Banpro); Lafise Bancentro; y el estatal Banco de Fomento a la Producción (Produzcamos).
Desempeño variado en un entorno desafiante
A pesar de un crecimiento general, no todas las entidades lograron resultados positivos. El banco Atlántida, por ejemplo, continúa acumulando pérdidas que sumaron 669 mil dólares en el primer semestre de 2024, frente a los 485 mil dólares perdidos en el mismo periodo del año anterior, acumulando así 8 millones de dólares en pérdidas en sus cinco años y medio de operaciones en Nicaragua. El BDF, que recientemente se fusionó con Banpro, vio reducir sus utilidades a 2.35 millones de dólares, comparados con los 2.77 millones del primer semestre de 2023. El banco estatal Produzcamos también reportó una disminución en sus ganancias, con 2.59 millones de dólares frente a los 3.22 millones del año pasado.
En contraste, cinco bancos experimentaron un incremento en sus utilidades. Avanz aumentó sus ganancias a 2.80 millones de dólares desde los 2.38 millones del año pasado. Ficohsa reportó utilidades de 6.13 millones de dólares, superando los 5.70 millones del mismo periodo del año anterior. Banpro, el banco más grande del país, logró 22.81 millones de dólares en utilidades, mejorando los 21.32 millones de 2023. Lafise Bancentro registró 27.84 millones de dólares, por encima de los 25.28 millones previos, mientras que BAC Nicaragua encabezó la lista con 35.35 millones de dólares, un aumento significativo frente a los 31.61 millones del año anterior.
Rentabilidad en un clima económico complejo
A pesar de las dificultades impuestas por la crisis sociopolítica y las políticas gubernamentales de extorsión económica, los bancos nicaragüenses han mantenido una rentabilidad notable. Según datos de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Monetario Centroamericano (Secmca), al cierre de agosto de 2023, la banca en Nicaragua registró una rentabilidad del 3.3 %, en comparación con el promedio regional de 1.8 %. Sin embargo, esta rentabilidad se moderó a 2.1 % al final de 2023, como indica el Informe Anual del Banco Central de Nicaragua (BCN), aunque las utilidades anuales aumentaron un 30 % respecto a 2022.
Este escenario se traduce en mayores costos para los consumidores y empresas, quienes enfrentan altas tasas de interés por préstamos personales, hipotecarios y comerciales. Enrique Sáenz, economista, resalta que la rentabilidad desproporcionada de los bancos nicaragüenses no se alinea con las dinámicas de mercado, sugiriendo que intervenciones políticas y económicas desde el poder son responsables de este fenómeno. Señala que las tasas activas (las que los bancos cobran por préstamos) son sustancialmente más altas que las pasivas (las que pagan a los ahorrantes), con un margen financiero que alcanzó el 10.4 % en 2023, superior al 10.1 % del año anterior.
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Reformas y nuevas regulaciones
El régimen de Daniel Ortega impulsa actualmente una nueva reforma a la Ley Antilavado que busca fortalecer los controles sobre las remesas, operaciones de grupos financieros y otras actividades económicas no financieras. Estas medidas incluyen la incorporación de la Policía Nacional como regulador de la venta de vehículos nuevos y usados, y la exigencia de mayor recolección de datos sobre los beneficiarios de remesas, una práctica ya regulada por la Unidad de Análisis Financiero (UAF).
La propuesta de reforma ha generado controversia, especialmente en torno a los nuevos poderes otorgados a los supervisores en materia antilavado para requerir información adicional, y la capacidad de inmovilizar activos. A pesar de que los bancos ya están bajo la supervisión de la UAF, estos cambios podrían representar un mayor control estatal sobre las operaciones financieras y comerciales, incrementando la incertidumbre para los actores económicos.
Implicaciones futuras
Las recientes reformas y la continua intervención política en la economía podrían tener implicaciones significativas para el sistema bancario y la estabilidad financiera en Nicaragua. La capacidad de los bancos para mantener sus niveles de rentabilidad frente a un entorno regulatorio cada vez más restrictivo y una economía en recesión será crucial. La dependencia del sector bancario de las inversiones en deuda pública también podría representar un riesgo adicional, ya que cambios en la política monetaria o fiscal podrían afectar sus márgenes de ganancia.
En un país donde la banca parece estar excepcionalmente protegida y beneficiada por el régimen, los consumidores y las pequeñas empresas enfrentan desafíos crecientes para acceder a créditos asequibles y sostenibles. Esta dinámica resalta las tensiones entre la rentabilidad del sector financiero y la necesidad de un sistema económico que funcione equitativamente para todos sus participantes.
