En septiembre de 2018, un entonces presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), se reunió con padres de familias y familiares de los 43 normalistas desaparecidos en 2014, para comprometerse a resolver uno de los misterios más emblemáticos de tragedia de Estado ocurrida en México, pero en el ocaso de su administración presidencial, sus promesas al parecer se las llevó el viento.
“Vamos a conocer lo que realmente sucedió, que se sepa dónde están los jóvenes y se castigue a los responsables. Mi compromiso es no fallarles a las madres, a los padres de los jóvenes de Ayotzinapa, al pueblo de México. No vamos a traicionar la confianza de nuestro pueblo”, aseguró AMLO al salir de la reunión a puerta cerrada con los adoloridos familiares.
Pues el tiempo desnudó el falso propósito del gobernante de izquierda, quien en realidad les falló a los padres de familia y el pueblo mexicano al no poder esclarecer esta tragedia que conmocionó a la opinión pública. Entre los familiares de los desaparecidos hay un profundo sentimiento de frustración, rabia e impotencia, porque este caso fue tomado como una promesa de campaña nada más de López Obrador, además hay molestias porque según los padres de familia, el gobierno Federal mostró resistencia para investigar a fondo a los altos mandos y toda la estructura militar del Ejército mexicano.
A la molestia de las mamás y papás de los normalistas se suma el hecho de que el Ejército no facilitó los documentos de espionajes militar que se había comprometido a entregarles. También, porque quedan pendientes algunas investigaciones, lograr las extradiciones de altos mandos implicados, pero nada de eso ocurrió.
En tanto solo queda un documento del 6o informe de gobierno de AMLO, donde este recalca que el expediente del caso Ayotzinapa será “un expediente abierto que se continuará investigando hasta llegar a la verdad de los hechos y se garantice el acceso a la justicia de las madres y padres vinculados al caso”, nada más.
¿Cómo desaparecieron los estudiantes?
La noche del 26 al 27 de septiembre de 2014, en la ciudad de Iguala, Guerrero, se perpetraron una serie de ataques contra estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, mientras jóvenes integrantes del equipo de fútbol Los Avispones, y población civil, en el lugar de los hechos, acudieron a ayudar a los normalistas. Todo comenzó cuando el grupo de estudiantes se trasladó a Iguala para “tomar” autobuses y participar en la conmemoración del 2 de octubre en la Ciudad de México, por la represión contra estudiantes acaecida en 1968. Pero las balas salieron a relucir, pues los policías municipales abrieron fuego contra los estudiantes para impedirles salir del lugar, consiguiendo cerrar el paso a cinco transportes con la ayuda de otras corporaciones y de civiles. Detuvieron a 43 normalistas, a quienes desaparecerían. Esa misma noche continuaron las agresiones contra los estudiantes y la población en general, no sólo por parte de agentes estatales sino también por la de algunos civiles que, como después se demostró, eran parte de la estructura de la organización criminal “Guerreros Unidos”, fuertemente vinculada con las instancias estatales presentes en esa zona guerrerense.
