Desde el 2018, la Asamblea Nacional de Nicaragua ha sido utilizada por el régimen de Daniel Ortega como el «arma» para aprobar leyes y realizar reformas a la Constitución Política.
Según opositores y críticos al régimen de Nicaragua, todo lo aprobado por el Poder Legislativo, controlado por la aplanadora diputados orteguistas y sus colaboracionistas, ha sido con el fin de reprimir y bloquear todo espacio de democracia en el país.
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De los 91 diputados que confirman la Asamblea, 75 son del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), lo que hace que toda iniciativa de ley sea aprobada de forma ipso facta.
Estructura del la Asamblea Nacional, controlada por Ortega
Con el orteguista Gustavo Porras como presidente de la Asamblea Nacional, el régimen de Daniel Ortega se ha asegurado una lealtad que va más allá de un simple servilismo.
El también sancionado por Estados Unidos es diputado en la Asamblea Nacional desde 2007 por la bancada del FSLN, y desde el nueve de enero de 2017 ejerce la Presidencia del parlamento nicaragüense.
Bajo el mando de porras, los legisladores han cancelado la personalidad jurídica de partidos políticos de oposición (PRD, PC) y ha destituido a diputados, como el caso de la desterrada política María Fernanda Flores, exdiputada del aliado Partido Liberal Constitucionalista (PLC).
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Por otra arte, desde el 2018 hasta este año, el régimen Ortega- Murillo ha hecho trabajar a sus diputados y sus aliados para aprobar leyes, desnacionalizar a opositores, reformar la Constitución y en su momento también ilegalizó a organizaciones no gubernamentales.
Además, el orteguismo cuenta con una junta directiva, conformada por siete diputados, de los cuales cinco son miembros de la bancada del Frente Sandinista, asegurándose así, que se cumplan todos los propósitos que se ha definido para mantenerse en el poder.
Esta es la junta directiva de la Asamblea Nacional, controlada por Daniel Ortega:
1. Gustavo Eduardo Porras Cortés, presidente Nacional. Alianza FSLN
2. Arling Patricia Alonso Gómez, primera vicepresidenta. Alianza FSLN
3. Gladis de los Ángeles Báez, segunda vicepresidenta. Alianza FSLN
4. María Haydee Osuna Ruíz Tercera, vicepresidenta Nacional Partido Liberal Constitucionalista
5. Loria Raquel Dixon Brautigam, primera, secretaria. Alianza FSLN
6 El tránsfuga Wilfredo Navarro Moreira, segundo secretario Nacional Alianza FSLN, quien ha jurado lealtad a Ortega
7. Alejandro Mejía Ferreti Tercer, secretario Nacional Partido ALN
En cuanto a los diputados sandinistas Wálmaro Gutiérrez y Edwin Castro, estos se han encargado de ser los defensores del orteguismo, despotricando contra la oposición, defendiendo toda costa las leyes y dictámenes que llegan al plenario para su aprobación.
Las leyes inventadas por Ortega, a través de la Asamblea Nacional
Entre las leyes que ha inventado Ortega, a través de su aplanadora de diputados orteguistas en la Asamblea Nacional, son las que arremeten contra reos políticos, periodistas y organizaciones no gubernamentales.
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Las primeras aprobadas en el contexto represivo del régimen de Ortega están le Ley de Amnistía, Ley de ciberdelitos, Ley de Agentes extranjeros; estas dos últimas han servido para ilegalizar oenegés y enjuiciar a periodistas y a todo opositor a quien considere que ha hecho noticias falsas o ha atentado contra la patria.
Luego hizo reformas para aprobar cadena perpetua, que según críticos, también va destinada a atacar a opositores. También reformó la constitución de la Policía para convertirla en un ente sumiso a sus órdenes.
Lo más reciente que ha hecho la Asamblea Nacional, bajo los mandatos de Ortega está «la resurrección» del Ministerio del Interior, dejando acéfalo el Ministerio de Gobernación.
Lo último que ha hecho el orteguismo, a través de su aplanadora de diputados, fue la reforma al artículo 21 de la Constitución Política de Nicaragua, la cual autoriza la desnacionalización por «traición a la patria», con lo que se revé que más opositores sean desterrados.
Terrorismo de Estado
Para el abogado y político boliviano Carlos Sánchez Berzaín, director del Instituto Interamericano para la Democracia, las dictaduras del socialismo del siglo 21 en Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua utilizan el Poder Legislativo que para simular separación e independencia de poderes e intentar legalizar el terrorismo de estado y el crimen organizado por medio de «leyes infames».
«La leyes infames son el producto normal de los legislativos de las dictaduras, pero pueden darse también en democracia en la que el control de constitucionalidad base en el “estado de derecho” repara prontamente el abuso», señaló el experto.
Asimismo afirmó que la narrativa de las dictaduras está fundada en la falsificación y la suplantación de conceptos, para aparentar legalidad a través de la represión.
Por su parte, la abogada y analista política Alexa Zamora explicó a este medio de comunicación que como en Nicaragua se vive una dictadura, el control absoluto del régimen sobre la Asamblea Nacional ha hecho que esta actúe al servicio de Ortega.
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«Los anteproyectos de ley han contado con la aprobación de los diputados y de partidos que supuestamente son opositores al régimen, por lo que no existe una vía de hacerle contrapeso a Ortega a través del Poder Legislativo», subrayó Zamora.
A pesar de las sanciones a algunos diputados sandinistas y al llamado para que se respete el derecho de los nicaragüenses, los legisladores orteguistas siguen comprometidos con la dictadura Ortega-Murillo.
