Los diputados orteguistas de la Asamblea Nacional, controlada por el régimen, aprobaron las reformas a la Ley Contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (Ley 977), la cual ordena a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) a obtener toda información sobre originarios y beneficiarios de remesas. La reforma fue aprobada con 91 votos, 0 en contra y 0 abstenciones, proveniente de los diputados orteguistas y de los colaboracionistas del régimen.
La diputada María Auxiliadora Martínez, presidenta de la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos, presentó ante el plenario, un informe sobre el proceso de consulta y dictamen de la iniciativa de Ley de Reformas y Adiciones a la Ley Contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, impulsada por el dictador Daniel Ortega.
“Se hace una redistribución sobre la supervisión de los sujetos obligados y se asignan reguladores prudenciales para los sectores que carecían de ello, se refuerzan aspectos relacionados con la transparencia de las personas jurídicas y estructura jurídica, así como sobre las medidas de la debida inteligencia de conocimiento del cliente, relacionada con la identificación y verificación del cliente y su beneficiario final”, expuso la legisladora a fin a la dictadura.
La modificación obliga a los supervisores a establecer normas para obtener la información sobre originadores y beneficiarios de transferencias electrónicas, remesas y proveedores de servicios de activos virtuales.
Consultas exprés
De acuerdo con lo expuesto por Martínez, la iniciativa deja claramente definido que todos los grupos financieros deben de implementar sus programas de prevención de riesgo para todo el grupo incluyendo sus sucursales subsidiarias, filiales de propiedad mayoritaria y oficina de representación en extranjero.
Según la diputada sandinista, en el proceso de consulta que se realizó de forma exprés, participaron la Procuraduría General de la República (PGR), representada por Hernaldo Chamorro Díaz. También fue consultada la Unidad de Análisis Financiero (UAF) a cargo del general Denis Membreño Rivas, director; y el doctor José Dolores Reyes Gonzáles, director jurídico de esta institución encargada de reprimir a las entidades bancarias.
“Hemos examinado el contenido, alcance, objeto y fundamentación de la iniciativa de ley y todos en conjunto consideramos que el Estado de la República de Nicaragua mantiene su firme compromiso de lucha contra el crimen organizado, el lavado de activos, el financiamiento al terrorismo y el financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva y con ello proteger la seguridad, la paz jurídica de la sociedad nicaragüense y la integridad del sistema financiero y de la economía nacional”, señaló.
Quienes se oponen “lavan dinero”
Durante el debate, el diputado Carlos Emilio López, salió en defensa de la reforma y dijo que quienes se oponen es porque supuestamente lavan dinero a través de empresas, asociaciones, sociedades, fundaciones u otro tipo de actividades comerciales aparentemente lícitas pero que en realidad “son fachadas”.
“Quienes queremos que Nicaragua siga siendo un país libre de la garra de la delincuencia internacional estamos respaldando decididamente esta iniciativa que nos ha enviado el presidente de la República, el comandante Daniel Ortega. Esta reforma va posibilitar que sigamos cumpliendo con la sugerencias y recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GALA)”, expresó el legislador orteguista.
Según lo expuesto por López, las reformas, cumple con “sugerencias” de organismos internacionales multilaterales y de agencias de las Naciones Unidas comprometidas con el combate a los delitos transfronterizos. “Esta reforma contribuirá a evitar que fracturen, lesiones o golpeen nuestro sistema financiero porque de forma disuasiva o preventiva no se permitirán que se alimenten riesgos al sistema financiero, con esta reforma se contribuirá a que sigamos cumpliendo con los instrumentos jurídicos internacionales en esta materia convenciones, pactos y protocolos referido a la persecución del crimen organizado nacional”, afirmó.
El diputado sandinista declaró que la reforma posicionará a Nicaragua como un “país líder” en el combate a la delincuencia internacional. “al aprobar esta reforma jurídica como un país líder, un país modelo, un país ejemplo en el combate a la delincuencia internacional se establecen en la reforma una redistribución sobre la supervisión de los sujetos obligados y se asignan reguladores prudenciales para los sectores que antes se carecían (…) por estas y otras razones que están establecidas en el dictamen debemos votar unánimemente por la reforma jurídica”, finalizó el diputado Carlos Emilio López.
