El 15 de agosto de 2023 marcó el inicio de uno de los episodios más sombríos en la historia de la educación superior en Nicaragua: la confiscación de la Universidad Centroamericana (UCA) por el régimen sandinista de Daniel Ortega. Un año después, la comunidad jesuita y académica sigue lamentando la pérdida de esta institución que, por más de seis décadas, fue un “faro de conocimiento y pensamiento crítico en el país”, según fuentes consultadas por Darío Medios Internacionales. La UCA, una de las universidades más respetadas de Centroamérica, fue abruptamente despojada de su personalidad jurídica, sus bienes fueron confiscados, y su legado fue manchado por acusaciones infundadas de terrorismo y desinformación. Hoy en día, con otro nombre y bajo autoridades del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), en donde fue la UCA ondea una bandera rojinegra.
El proceso que culminó con la desaparición legal de la UCA el 18 de agosto de 2023, comenzó mucho antes de aquel entonces. Desde las protestas de 2018, en las que la UCA jugó un papel crucial al acoger a manifestantes y condenar la represión estatal, la universidad se convirtió en un objetivo claro del régimen. A medida que las tensiones entre la administración sandinista y la universidad aumentaban, la represión se intensificó, culminando en la creación de la “Universidad Nacional Casimiro Sotelo” por parte del Consejo Nacional de Universidades (CNU) en un plazo de menos de 24 horas. Este movimiento, junto con la retirada de las letras de la UCA de su fachada, simbolizó el cambio drástico de control y la nueva realidad educativa que Ortega y su esposa, Rosario Murillo, impusieron, con un manual único para todas las entidades de educación superior, que ya tiene un año en funcionamiento.
El 16 de agosto de 2023, la UCA fue oficialmente acusada de ser un “centro de terrorismo”, lo que permitió al régimen confiscar todos sus bienes materiales y económicos. Esta medida, que dejó estupefactos a miles de nicaragüenses y a la comunidad internacional, fue vista como el punto culminante de una campaña de represión diseñada para eliminar cualquier forma de pensamiento crítico y disidencia en el país. Las patrullas de la Policía Nacional frente al campus universitario subrayaron la voluntad del régimen de usar la fuerza para consolidar su control sobre la educación superior en Nicaragua.
A lo largo del último año, la situación ha empeorado. El régimen de Ortega ha consolidado su control sobre todas más instituciones educativas del país a través de la unificación de la normativa del sistema de educación superior, presentada durante la primera Asamblea General de las Instituciones de Educación Superior Nicaragüenses (IES) el 16 de agosto de 2023. Este encuentro, al que solo tuvieron acceso los medios oficialistas, fue una clara demostración de cómo Ortega y Murillo impusieron su marco único para todas las universidades, públicas y privadas, asegurando que operen bajo las directrices del Sistema de Educación Superior Nicaragüense. A la fecha, casi 40 entidades han sido confiscadas y reformadas por la administración Ortega-Murillo.
El compendio normativo presentado en esta asamblea incluye valores, principios y procedimientos que, según Ramona Rodríguez, presidenta del CNU y rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua), buscan garantizar la “calidad” de la educación en el país. Sin embargo, críticos argumentan que esta unificación es una fachada para el control absoluto del régimen sobre el sistema educativo, eliminando cualquier espacio para la libertad académica o el pensamiento independiente.
La creación del Sistema de Estadísticas Nacionales, que centraliza el registro de estudiantes en todas las universidades del país, es otro ejemplo del alcance del control estatal. Mientras el régimen presenta esto como una medida para mejorar la eficiencia administrativa, en realidad establece una base de datos que facilita la vigilancia y el seguimiento de cada estudiante, docente y académico en Nicaragua, eliminando cualquier posibilidad de anonimato o disidencia dentro del sistema educativo.
En este contexto, el comunicado emitido hoy, 15 de agosto de 2024, por la Provincia Centroamericana de la Compañía de Jesús es un recordatorio de la gravedad de lo ocurrido y de la continua represión que enfrenta Nicaragua. La Compañía de Jesús denuncia no solo la confiscación de la UCA, sino también la sistemática violación de derechos humanos en el país, que ha sido calificada como un “crimen de lesa humanidad” por el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, conformado por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Este comunicado enfatiza que la confiscación de la UCA ha sido un daño irreparable para el patrimonio científico y cultural de Nicaragua, así como una violación flagrante de los derechos educativos y laborales de miles de nicaragüenses. La Compañía de Jesús, al igual que muchas otras organizaciones internacionales, sigue exigiendo justicia y el cese de la represión en el país, mientras se solidariza con todas las víctimas del régimen Ortega-Murillo.
Espere este fin de semana:
A un año de este trágico episodio, la pregunta que queda en el aire es cómo responderá la comunidad internacional a la continua erosión de los derechos humanos y la educación en Nicaragua. La confiscación de la UCA no solo representa la pérdida de una institución educativa, sino que también simboliza la destrucción de un espacio de libertad y pensamiento crítico, fundamentales para cualquier sociedad democrática.
La represión en Nicaragua no muestra signos de disminuir, y la comunidad internacional enfrenta el desafío urgente de actuar para proteger los derechos y las libertades en el país. Mientras tanto, la sombra del control absoluto del régimen de Ortega sigue oscureciendo el futuro de la educación y la libertad en Nicaragua, dejando a su paso un legado de miedo, silencio y opresión.